La Sindicatura de Comptes anunció a principos de 2017 una auditoría operativa de la concesión sanitaria del departamento de salud de Torrevieja. Ese trabajo de auditoría, anunciado por el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, comenzó de forma efectiva en diciembre pasado en el departamento de salud, y se ha prolongado durante más de cinco meses con un anñálisis de toda la documentación disponible y relevante de los 11 años que ha cumplido del departamento.
El informe se deriva de un mandato de las Cortes Valencianas que reclamaron una auditoría de cada una de las concesiones público-privadas de los departamentos de sanidad que mantiene el Consell en la Comunidad. Están previstas intervenciones similares en el departamento del Vinalopó y en Dénia. De hecho, con el cambio de gobierno en 2015, la Conselleria de Sanidad ya anticipó que llevaría a cabo esta actuación justo al asumir las riendas del departamento.
La relación entre Conselleria y Ribera Salud es casi inexistente. Y ha empeorado después de que la Generalitat resolviese el contrato con Ribera Salud para la gestión del departamento de Alzira.
Algo que no se plantea en Torrevieja, donde trabajan 1.200 profesionales, en ningún caso antes de que culmine el periodo concesional en 2021, según ha mantenido públicamente en los últimos meses. Cualquier intervención para rescatar la gestión conllevaría una reclamación por lucro cesante multimillonaria por parte de Ribera Salud. La principal fuente de facturación de la firma, que ha iniciado la expansión de su modelo por sudamérica, ha sido durante la última década el departamento de Torrevieja, según fuentes sanitarias. Cuando gestionaba Alzira ya suponía el 60% total de su volumen de ingresos. Ahora ese balance se inclina todavía más en favor del departamento torrevejense.
