En el plazo de un mes se podrá saber el interés que tiene el propietario de los últimos terrenos sin construir en la costa de Orihuela, en Cala Mosca, en levantar allí 1.500 viviendas, como plantea su proyecto que está parado desde hace casi 20 años tras múltiples recursos, investigaciones judiciales y denuncias. Es el plazo que le da la Conselleria de Medio Ambiente para impedir, por medio de cerramientos de los viales de acceso, que los vehículos accedan allí y sigan dañando dos especies protegidas, la planta jarilla cabeza de gato (Helianthemum caput-felis) y el caracol «Tudorella sulcata».
Es uno de los condicionantes que le pone el Consell a la mercantil propietaria de los terrenos, Playa Salvaje SA -del grupo Gomendio- y la única medida cautelar a adoptar por la misma. El informe ha causado un sabor agridulce entre las muchas personas físicas y jurídicas que alegaron en contra de un proyecto que pretende llenar de ladrillo el último kilómetro virgen de costa en Orihuela. Aunque el informe de impacto ambiental impide que se pueda construir en determinadas parcelas para proteger las dos especies endémicas de la zona, éste, como se esperaban, no ha sido negativo sino que la Conselleria estima aceptable, desde el punto de vista ambiental, la Modificación del Proyecto de Urbanización de la UE-2 del Sector D1 «Alameda del Mar» (Cala Mosca).
No obstante, el Consell le impone una serie de condicionantes al promotor y de cambios que debe volver a hacer en el proyecto para conseguir la definitiva declaración de impacto ambiental positiva. Unos trámites que el constructor podrá subsanar en un plazo razonable ya que no son tan complicados como se podía esperar, lo que deja la puerta abierta a que se pueda construir en Cala Mosca. Las modificaciones al proyecto serían viables mucho antes de los 5 años que le da el Pativel para levantar casas en esa privilegiada zona antes de que la declare protegida.
Ordenación pormenorizada
El trámite que más tiempo, sin duda, llevará al promotor Gomendio es que tendrá que hacer una nueva ordenación pormenorizada, lo que le obliga a cambiar el plan parcial. Tendrá que proponer una alternativa distinta para cumplir con la edificabilidad que le corresponde, ya que una parte de ella se la quitan en las parcelas donde se encuentran poblaciones de la planta y el caracol, aunque podrá conservar el número de viviendas previstas cambiando la morfología, es decir, aumentando en altura y no a lo ancho, además de respetar las cesiones del suelo dotacional. La mercantil propietaria de los terrenos debe ceder un 10% de los mismos al Ayuntamiento.
La declaración de impacto ambiental también obliga a cambiar la zona donde el promotor planteaba suelo dotacional ambiental docente, con zonas verdes y áreas de juego, y encargar un estudio y protección de especies amenazadas a un técnico, con un proyecto de restauración vegetal para incrementar su superficie y aumentar el potencial crecimiento de ambas especies protegidas restaurando los hábitats del área. Esas parcelas deben quedar libres y establecer mecanismos para garantizar la protección de la planta y el caracol.
Además, debe acreditar al Consell la disponibilidad de recursos hídricos para garantizar el suministro a la potencial población que viviría allí. Otros condicionantes son el respetar los 20 metros de anchura de la vía pecuaria «Cañada del Mar», eliminar el equipamiento de playa en la ubicación propuesta y un aparcamiento previsto, así como todas las infraestructuras que aparecen en el proyecto y que están en parcelas donde viven ambas especies. También modificar alguno de los trazados de la vía peatonal-ciclista.
Estas serie de cambios obligan al constructor a replantear el proyecto de construcción. Ahora el proceso casi que empezaría de nuevo porque debe presentar primero los informes que le indica la declaración de impacto ambiental, cambiar la ordenación pormenorizada y someterse al mismo procedimiento que ahora: la exposición al público y un periodo de alegaciones, la resolución del Consell y, tras ésta, nuevas alegaciones. Un proceso, que según expertos consultados por el diario, se podría alargar un par de años, lo que permitiría al promotor construir antes de los 5 años que le da de plazo el Consell a través del Pativel.
El edil socialista de Orihuela, Antonio Zapata, fue uno de los muchos que alegaron reconoce que «fue el pleno que aprobó el plan parcial, el PP, el que le dio derechos al promotor, y tenemos sabor agridulce por el Pativel y por la declaración de impacto ambiental, aunque aún se puede preservar parte de lo que debería ser protegido» y pide al gobierno municipal «que obligue al promotor al cambio de ordenación».
