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Torrevieja

La junta de gobierno paraliza el archivo de un expediente al comisario jefe de la Policía

La propuesta para dar carpetazo al procedimiento se queda sobre la mesa «para un mejor análisis»

Imagen del alcalde José Manuel Dolón, el concejal Hurtado y la edil Serrano en un pleno. Tony Sevilla

La junta de gobierno local dejó ayer sobre la mesa «para su mejor estudio» la propuesta que pide el archivo del expediente disciplinario abierto contra el comisario jefe de la Policía Local e incoado por una supuesta falta grave del mando. Los miembros de la junta de gobierno no asumieron la propuesta del instructor y resolvieron dejar el asunto sobre la mesa porque esa resolución, a su juicio, entra en contradicción con el fallo judicial que dio origen al procedimiento administrativo.

El Ayuntamiento acumula este mandato varias sentencias del juzgado de Lo Contencioso donde se condena a la administración local al pago de elevadas indemnizaciones por fallos en firme que prueban acoso laboral de mandos a policías de base. Al tratarse de un contencioso la condena (y el abono) recae en las arcas municipales -en total el Ayuntamiento ya ha pagado mas de 120.000 euros a cinco agentes por tres causas distintas de mobbing, de hechos ocurridos en mandatos anteriores.

Tras asumir las sentencias, el municipio comenzó a abrir procedimientos para que se fijara la responsabilidad de quienes supuestamente habían participado en el acoso o lo habían permitido. Algo que la legislación indica para estos casos, según el gobierno local.

En el expediente que llegaba ayer a la junta de gobierno más de un año después de que se iniciara se archiva por razones que no trascendieron -o un problema formal o porque no se han probado los hechos-. Tanto el instructor como el secretario del informe son jefes de área del Ayuntamiento ajenos a la Policía Local -no había un funcionario de mayor rango en el cuerpo que pudiera expedientar al comisario jefe-. El problema es que esta resolución de archivo y al fallo judicial entran en contradicción. Porque el Ayuntamiento considera que es una obligación legal dirimir la responsabilidad una vez haya sentencia en firme por acoso.

La junta de gobierno aprobó incoar un expediente disciplinario el 27 de enero de 2017. Anuló ese acuerdo el 17 de marzo de ese mismo año porque la primera iniciativa incumplía el procedimiento, e impulsó, en el mismo acto, otro en la que aseguraba que los hechos podían ser constitutivos de una falta grave con penas que van desde 3 meses a 6 años de suspensión de funciones o traslado forzoso para el comisario jefe como responsable. El alcalde José Manuel Dolón y la teniente alcalde Fanny Serrano, que subrayó en varias ocasiones ayer que no podía informar sobre un expediente abierto, abandonaron la reunión en ese punto por si fuera incompatible su presencia en esa decisión.

Desierto

Por otra parte, en la misma junta de gobierno se dio cuenta de otro contrato que ha quedado desierto. Era el contrato de suministro de material, herramientas y alquiler de maquinaria para el mantenimiento del departamento de vías públicas, ninguna de las empresas que ha concurrido, ni siquiera la propuesta como adjudicataria, han justificado la baja respecto al precio de licitación que fue de 80.000 euros. Ahora es necesario iniciar un nuevo procedimiento de contratación.

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