El juzgado de instrucción Número 3 de Orihuela ha archivado la investigación sobre la compra de una máquina barredora por parte del Ayuntamiento de Callosa al no apreciar indicios de delito en el procedimiento de adquisición.

La denuncia por estos hechos fue interpuesta por el exalcalde, Javier Pérez, que alertó al Ministerio Fiscal de que la operación de compra se había realizado al margen de los procedimientos establecidos en la ley de contratos del sector público, al superar la cuantía de 18.000 euros que impide tramitar la adquisición de forma directa con una empresa. Según estimó Pérez, se produjo un fraccionamiento de contrato porque se adquirió, por una parte, el equipo carrozado de alta presión, y por otra, el vehículo en sí. Todo ello tramitado a través de la misma empresa suministradora y diviendo la máquina en dos lotes.

El exregidor consideró que el edil de Contratación, Rubén Manresa, «nunca instó la apertura de un expediente de contratación para garantizar la publicidad y concurrencia de postores... sino que procedió a fraccionar el objeto de suministro dividiendo el precio en varias facturas... cada una de ellas con un precio inferior al establecido en la legislación de contratación administrativa, que permitiría su adjudicación directa como contrato de suministro». Por esos hechos la Fiscalía inició una investigación al considerar que lo ocurrido podría ser presuntamente constitutivo de un delito contra la administración pública, poniéndolo en conocimiento del juez. Sin embargo, ahora ha pedido el archivo de la causa y el juzgado ha dado carpetazo a este asunto, aunque cabe posibilidad de recurso.