El Partido Popular de Orihuela celebró ayer una de las más intensas reuniones de su ejecutiva al poner encima de la mesa la deuda que mantienen los militantes que ostentan cargos públicos y los asesores. El presidente del PP oriolano, Dámaso Aparicio, llevó a la reunión, entre otros asuntos, la liquidación de los saldos deudores hasta el 31 de marzo de este año de las aportaciones que deben pagar, como aprobó su ejecutiva en julio del pasado año, los 11 concejales que forman el grupo municipal del PP como cargos públicos (70 euros al mes) y sus 12 asesores en el ayuntamiento (50 euros mensuales). Sin embargo, Aparicio puso sobre la mesa una deuda de unos 1.600 euros de cuotas impagadas por parte de ediles y de unos 5.000 euros de los asesores de los populares, con la intención de que la ejecutiva aprobara enviar a los deudores un requerimiento de pago, lo que se va a hacer.

Según ha podido saber este diario, entre quienes deben las aportaciones como cargo público del PP, se encuentra el propio alcalde, Emilio Bascuñana, quien ayer no asistió a la reunión de la ejecutiva, a pesar de ser miembro nato de la misma. Además, tampoco habrían pagado todas las cuotas -unos menos que otros- tres ediles de su equipo de gobierno de los que ayer no salieron a relucir sus nombres. Además, de los 12 asesores que tiene el PP en el Ayuntamiento de Orihuela, solo uno está al día de su aportación mensual al partido. La decisión de que cargos públicos y asesores paguen una cuota especial, la aprobó la ejecutiva local del PP en julio de 2017, y contó con algunos destacados votos en contra como, precisamente, el de Emilio Bascuñana o el del edil Rafael Almagro.

Expediente

La ejecutiva del PP, que contó con la asistencia de la Secretaria General del PPCV, la oriolana Eva Ortiz (que también paga los 70 euros al mes de aportación, aunque no está obligada), y del coordinador del PP en Alicante, Rafael Candela, decidió ayer enviar esos requerimientos del pago de las aportaciones que deben cargos públicos y asesores desde julio de 2017 y darles un plazo de 15 días para hacer frente a la deuda que cada uno mantiene con su partido. De lo contrario, el PP amenaza con abrirles un expediente informativo que podría acarrear su expulsión de militancia, tal y como marcan los estatutos de este partido, que señalan que las decisiones de los órganos ejecutivos se tienen que cumplir.

Además, las consecuencias para Emilio Bascuñana podrían ser mayores, ya que esos estatutos contemplan que tampoco podría optar a ser candidato en unas elecciones, algo que aún está en el aire, pero podría dar al traste con sus aspiraciones.

El dinero que se ingresa por las cuotas y aportaciones no lo gestiona la agrupación local, sino la provincial, ya que desde que se destapó el escándalo del caso Gürtel las agrupaciones locales del PP no tienen autonomía financiera. Todo se gestiona a través de una cuenta única provincial donde se pasan estas a través de la domiciliación bancaria. El PP cuenta en Orihuela con 1087 militantes que pagan 25 euros al año (20 los pensionistas y jóvenes), aunque algunos no han pagado las últimas cuotas.