17 de mayo de 2018
17.05.2018

Cincuenta familias reclaman a San Miguel de Salinas que genere vivienda pública

El municipio no cuenta con ni un solo piso en alquiler social pese a tener cientos de hogares vacíos

16.05.2018 | 22:12
Familias inscritas en el registro de demanda de viviendas de promoción pública de la Generalitat en la fachada de un edificio de 50 pisos sin estrenar en manos de la SAREB.

La Asociación de Vecinos urge al Ayuntamiento que gestione la disponibilidad de los pisos de titularidad pública de la SAREB, terminados y abandonados por la crisis hace una década.

Gente sin casa, casas sin gente. San Miguel de Salinas cuenta con cientos de pisos vacíos, muchos de ellos en bloques de viviendas terminadas y sin ocupar. Las promotoras que los levantaron quebraron con la crisis hace una década. Y al mismo tiempo hay, al menos, 50 familias que no tienen garantizado el derecho básico al acceso a la vivienda.

La Asociación de Vecinos de San Miguel Arcángel decidió hace unos meses comenzar a movilizarse, ante el volumen y gravedad de casos de vecinos que han ido llegando a su sede, para reclamar a la administración que busque soluciones a esta carencia en un municipio como San Miguel, que apenas cuenta con seis mil vecinos, pero con una gran demanda de vivienda de promoción pública y con una oferta inexistente. No hay ni una sola vivienda de promoción pública en régimen de alquiler que garantice precios asequibles. La burbuja del alquiler coincide en San Miguel con elevados precios estacionales de un municipio de segunda línea del litoral.

Esos vecinos ya están contemplados en el registro de demandantes de vivienda de la Comunidad Valenciana. Son, sobre todo familias, muchos parados y jóvenes. Alguna de ellas punto de ser desahuciadas, otras incapaces de asumir el coste del alquiler con luz y agua. Otros jóvenes que quieren emanciparse y no tienen recursos para asumir una vivienda en el mercado actual. La crisis no ha terminado para ellos.

Promoción pública

La Asociación de Vecinos ha solicitado que se cree a nivel municipal y autonómico soluciones a esta problemática. Como un registro de demandantes de viviendas sociales a nivel local; un índice de referencia de precios de alquiler, que marque precios adecuados según las características de las viviendas y la renta familiar; un parque público de viviendas de alquiler y la mediación municipal para garantizar los suministros de luz y agua para estas familias o asesoría jurídica municipal en los casos de familias con problemas hipotecarios. Además, el colectivo vecinal, en representación de los afectados ha mantenido reuniones con el concejal de la vivienda y con la directora general de la Vivienda del gobierno de la comunidad autónoma, Rebeca Torró. De momento, la Conselleria se ha limitado a contemplar a los demandantes en los listados oficiales, sin más trámites.

En esas reuniones la asociación ha planteado a esos representantes públicos «la grave situación con la que conviven a diario familias de parad@s, jóvenes y trabajadores y trabajadoras precarios del municipio para hacer frente a los gastos de la vivienda, que consumen la mayoría de sus escasos recursos». La solución no es fácil porque la Conselleria no tiene recursos para construir vivienda pública -se está dedicando a rehabilitar la que ya estaba disponible pero abandonada en muchos municipios-, ni tampoco el municipio cuenta con suelo público para ese tipo de promoción.

Los vecinos reclaman acceso a una vivienda junto a un bloque de pisos terminados y sin estrenar en San Miguel desde hace una década

Una de las alternativas para intentar dar respuesta al problema en la que está trabajando la Asociación de Vecinos es la posibilidad de que la administración pueda ofertar como viviendas de promoción pública en propiedad o en alquiler los bloques propiedad del SAREB. Hay cientos de pisos sin estrenar en manos del SAREB, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. El «banco malo» que se quedó con las propiedades de las entidades en bancarrota durante la crisis y que cuenta con un 45% de capital público.

Desvalijadas

En concreto se ha fijado en un bloque de viviendas terminadas hace una década y situada en las calles Juan Manuel Galant, Torrevieja y Góngora, en el casco urbano. 50 pisos sin estrenar. «Pertenece al SAREB por lo tanto la mitad de la propiedad es de carácter público».

El cierre del edificio durante tantos años ha provocado que su estructura, con desvalijamientos y vaciado de sus partes desmontables», se vaya deteriorando y que se haya «convertido en un foco de malestar entre los vecinos», según explica el presidente de la asociación Manuel Gómez. La entidad ya ha pedido una intervención urgente del Ayuntamiento (de momento sin respuesta) para que gestione la cesión del inmueble para alquiler social, algo que además evitaría el deterioro actual. Las últimas viviendas de promoción pública datan de los años 80 y ninguna está en régimen de alquiler social. Esta situación, junto al elevado precio de los alquileres en un municipio prelitoral como el nuestro, y un empleo escaso, precario y de baja remuneración «ha convertido el uso y disfrute de una vivienda para las familias trabajadoras y amplias capas de la población en un auténtico artículo de lujo en lugar de un derecho humano de primer orden tan necesario como la sanidad, la educación o la alimentación», según explica la junta directiva de la asociación.

Entrevista de los vecinos de San Miguel con la secretaria autonómica de vivienda
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