La lucha contra el fraude fiscal impulsada por el Ministerio de Hacienda ha destapado la existencia de 1.300 construcciones irregulares en Callosa de Segura. Se trata de viviendas edificadas en terreno rústico y fuera de ordenación o que han sido ampliadas o rehabilitadas sin notificarlo. La revisión realizada por el Catastro supone que el Ayuntamiento ingresará cerca de 400.000 euros adicionales en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El barrido se ha realizado a través de fotografías aéreas y también con inspecciones técnicas sobre el terreno. El resultado ha tenido mucha más repercusión de lo esperado. En un principio se barajaba que las edificaciones ilegales rondarían las 400, pero tras tirar del hilo esa cifra se ha triplicado. Muchas de esas casas se levantaron en la zona de huerta del municipio sin ningún tipo de autorización. Otras están emplazadas en el mismo casco urbano pero en los últimos años han sido reformadas por completo y, sin embargo, seguían tributando como viejas propiedades.

Según aseguró ayer el concejal de Hacienda de Callosa de Segura, Rubén Manresa (EU), la revisión catastral ha revelado una cifra tan elevada de infracciones debido a que el último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en el municipio en el año 2002 nunca fue enviado al Catastro. Por ese motivo, numerosas fincas que fueron recalificadas no han tributado lo que les correspondía, sino mucho menos. De hecho, Manresa dijo que la última revisión catastral realizada en el municipio se realizó en el año 1987. «¿Por qué el PGOU no se envió al Catastro en 14 años? Quizá por interés de que ciertas personas pagaran menos impuestos o por la ineptitud de los gobernantes», consideró ayer el responsable de Hacienda.

Quejas

El proceso ha motivado un huracán de quejas y reclamaciones de vecinos por supuestos errores en las nuevas baremaciones. De hecho, la mayoría de afectados tendrá que empezar a pagar los nuevos tributos pero, además, deberá de abonar las cantidades no satisfechas en los últimos cuatro años, lo que dispara el dinero adeudado. Esta situación no se ha producido solo en Callosa de Segura ya que en diversas localidades de la provincia se han realizado recientemente regularizaciones catastrales similares. Por ejemplo, uno de los últimos procesos que se ha conocido es el realizado en el municipio de Elche, donde se han detectado hasta 10.200 construcciones irregulares. En Orihuela, hace seis años, salieron a la luz miles de viviendas sin legalizar.