14 de mayo de 2018
14.05.2018
Torrevieja

El PP acusa al alcalde de "ocultar 3 meses" la auditoría que le "imputa graves irregularidades" en la prórroga del parque acuático

El estudio externo no ha sido firmado por el área de Intervención, por lo que ni los miembros del equipo de gobierno han contado con información oficial sobre sus indicaciones

14.05.2018 | 16:10
Imagen del diputado nacional Joaquín Albaladejo, que ha reclamado la documentación sobre la auditoría

El PP anticipa que si el gobierno no lleva el asunto a la Fiscalía lo harán ellos.

El diputado nacional y secretario general del Partido Popular de Torrevieja, Joaquín Albaladejo Martínez, ha asegurado hoy que "resulta extremadamente grave que el Gobierno de Torrevieja oculte informaciones que afectan de manera tan demoledora al patrimonio de todos los torrevejenses, durante 90 días, cuando en poco más de 20 días hicieron un traje a la medida para regalarle 15 años un parque acuático a una empresa multinacional". Para el diputado "lo que hicieron es el ejemplo paradigmático de dar prioridad al interés privado de una mercantil sobre el interés público general de todos los vecinos de Torrevieja. Así parece que lo indica una auditoria Municipal".

El PP ha dicho que si el propio equipo de gobierno no remite esa documentación a la Fiscalía, lo hará el PP, si logra hacerse con ella, para defender los intereses del Ayuntamiento de Torrevieja y los torrevejeneses.

El concejal de Hacienda y Contratación, José Hurtado, indicó a este diario sobre la auditoría el pasado viernes que ese estudio no ha sido firmado y recepcionado formalmente por la Interventora, por lo que oficialmente nadie del equipo de gobierno conoce su versión definitiva. El edil dijo que desconocía los motivos por los que la habilitada nacional no había asumido el estudio todavía, pese a estar fechado como terminado el 18 de febrero pasado.

Fuentes municipales también recordaron que se trata de un expediente abierto y por lo tanto la legislación apunta a las limitaciones de acceso a la información cuando todavía no se ha cerrado un procedimiento, y ni tan siquiera se conoce si la técnico va hacer propia la auditoría, ordenada por Intervención como apoyo externo a la labor de fiscalización permanente del Ayuntamiento, impuesta por el Ministerio de Hacienda a los municipios. Las mismas fuentes subrayaron que todos los técnicos, incluida la Intervención, avalaron con sus informes el procedimiento de prórroga a la multinacional que gestiona el complejo acuático. 

Albaladejo ha afirmado que "el grupo municipal del PP ya ha solicitado el inmediato acceso a toda la documentación que ha sido ocultada conscientemente por el Gobierno de seis partidos de Torrevieja. Queremos que la ciudad sepa qué ocultan, y cuáles han sido los oscuros manejos que se esconden detrás de esta maniobra que perjudica a Torrevieja, al extraer de la esfera pública un bien municipal, contraviniendo la normativa aplicable. Esto ya no lo dice solo el PP; ahora también lo dice una empresa auditora externa contratada por el Ayuntamiento de Torrevieja, según publica la prensa".

Albaladejo ha señalado, "si los datos publicados de la auditoria son ciertos, solicitamos al Gobierno Municipal que se aplique a sí mismo, la misma contundencia con la que ha usado los informes de esa misma auditora José Manuel Dolón y los seis partidos que lo sostienen, para exigir a diferentes entidades locales (Los Salerosos y la delegación local de la Federación de Padres Gabriel Miró) de todo tipo la devolución de subvenciones millonarias que previamente también contaban con informes favorables del Ayuntamiento. La gran incógnita sería ¿Por qué José Manuel Dolón no ha puesto en conocimiento de la fiscalía los hechos que se detallan en la Auditoría relativos a su gestión del parque acuático?".

El diputado ha indicado que "las primeras excusas del Gobierno Anti-PP de Torrevieja, ante estas informaciones que vienen a dar la razón a todo lo denunciado por el PP en relación a este asunto, son profundamente preocupantes. Han engañado a los empleados públicos municipales y pretenden esconderse detrás de ellos. Exigimos a los seis partidos que soportan el Gobierno de Torrevieja, que presenten de inmediato toda la documentación relativa a este asunto a disposición de la Fiscalía. Decían estos seis partidos que impulsarían en Torrevieja, un gobierno del cambio? claramente a mucho peor; tres años después, una empresa auditoria acredita que son el Gobierno del daño a Torrevieja".

Valoraciones

Albaladejo, en algo que tampoco recoge la nota de prensa, ha apelado a la responsabilidad "de los técnicos" cuando este diario ha preguntado por el hecho de que el informe no haya sido firmado por la funcionaria y aseguró que en este proceso se "le ha robado la cartera" a los torrevejenses. En este sentido ha explicado que la propia empresa, según la auditoría, valoró en 1987 las instalaciones fijas del complejo en 4,5 millones de euros y 30 años después los técnicos valorban el mismo bien en solo 4, a la hora de fijar el canon a satisfacer por la mercantil anualmente durante la prórroga de 15 años. "Me pregunto si algún vecino de Torrevieja, para establecer un alquiler mensual, podría valorar su vivienda al precio de 1987 y no al actual". 

Pese a estas valoraciones el canon que finalmente entrega la empresa al Ayuntamiento desde 2017 multiplica al que ha asumido el Ayuntamiento durante 30 años. De 60.000 euros a 249.000, como informó este diario.

El diputado nacional ha admitido que la querella que el PP interpuso sobre este asunto a principios de 2017 "está archivada provisionalmente" sin que fuera recurrida en primera instancia, ni en apelación a la Audiencia Provincial. El fallo sobre aquel procedimiento indicaba que se podían dar irregularidades administrativas pero no penales e instaba al PP a explorar esa vía judicial contenciosa administrativa, algo que el PP no ha hecho.

Lo que sí hizo el alcalde José Manuel Dolón es presentar una querella contra Eduardo Dolón por las manifestaciones públicas que hizo sobre el procedimiento de prórroga. Querella en fase de instrucción tras la negativa del portavoz popular a acogerse a un acto de conciliación y retirar esas declaraciones.






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