El próximo 22 de mayo se celebrará el pleno para aprobar el plan económico financiero que obliga al Consistorio a subir el IBI un 7,5% en 2019 y recortar subvenciones este año en más de dos millones. «Un acto que es de obligado cumplimiento como máximo en ese día, por lo que se producirá una infracción muy grave en caso de no hacerlo», explicó ayer el concejal de Hacienda, José Hurtado (Los Verdes). En caso de que se vote en contra «cada uno aguantará su vela». El Ministerio de Hacienda requeriría al alcalde presidente que adopte las medidas por decreto, tras recibirse en el Ayuntamiento una comisión de expertos «lo que todos conocemos como los hombres de negro» y una multa coercitiva del 0,2 % del presupuesto «más de 180.000 euros» e incluso «de no hacerlo podría llegarse a la disolución de los órganos de la Corporación».Hurtado lamentó que un Ayuntamiento como el de Torrevieja, completamente saneado con más de 20,5 millones de superávit en la liquidación de 2017, y una deuda con los bancos de tan solo el 22,28%, «tenga limitada drásticamente su posibilidad de gastar y de bajar impuestos o tasas, por culpa de la legislación estatal del PP».

«Tranquilidad»

El concejal explicó los motivos que han llevado al Ayuntamiento a elaborar un Plan Económico Financiero -PEF- y las consecuencias que tendrá. Avanzadas por este diario en su edición de ayer: una subida de IBI del 7,5% en 2019 y recortes de las subvenciones de más de dos millones para este año. En comparecencia quiso «transmitir tranquilidad a los ciudadanos a pesar de las declaraciones que ya hemos empezado a escuchar por parte del PP en las que se están diciendo auténticas barbaridades». Hurtado apeló a la «memoria» y recordó que cuando se planteó, a principios de mandato, la posibilidad de materializar una bajada del IBI el PP planteó una reducción de un 10%. Sin embargo, desde el gobierno se pidió «prudencia para evitar incumplir la regla del gasto» y se llegó a un acuerdo con el resto de partidos por el que se efectuó una bajada del 4% el primer año (2017) y del 7,5% en el segundo (en el ejercicio actual). Hurtado ha dicho que si se hubiera realizado «una bajada del 2,2%, no se habría incumplido la regla del gasto, y no habría que aprobar obligatoriamente un PEF para 2018 y 2019». En segundo lugar, hizo referencia a «la nefasta gestión del PP en la gestión del contrato de la custodia de vehículos» y las sentencias judiciales favorables a la empresa Lozano que se han derivado de este proceso que constarán más de 6 millones de euros a las arcas municipales. «Sin la factura de Lozano de 2017, por importe de 1.067.014,57 euros, la previsión de incumplimiento de la regla del gasto para 2018 sería de 1.181.998,21 euros, en lugar de 2.253.615,45 euros».

Hurtado aseguró que el plan «no supone una reducción en las subvenciones de servicios sociales, que se mantienen y las menores de 30.000 euros que también lo hacen» a pesar de que «el PP ya ha manifestado lo contrario».