El concejal de Hacienda, José Hurtado (Los Verdes) explicó ayer que el informe definitivo de la auditora no ha sido recepcionado con su firma por parte de la Interventora, por lo que no podía valorar su contenido. El edil quiso recordar que en su día todo el procedimiento de prórroga fue avalado por los técnicos municipales. Según la describe la propia auditoría, entre ellos, un técnico de Turismo, el área de Secretaria y una arquitecta de Urbanismo. También contaba con la fiscalización, aunque previa, de la propia área de Intervención. «Estamos muy tranquilos con este asunto porque los informes para llegar al acuerdo que se adoptó en junta de gobierno eran preceptivos y vinculantes y así los asumimos», indicaron las mismas fuentes.
El Partido Popular fue especialmente crítico con este acuerdo de arrendamiento a principios del pasado año 2017, en el momento en el que se iba a cumplir el plazo de arrendamiento. Reclamó formalmente al municipio que los técnicos acudieran al recinto del parque acuático, y realizaran una inspección para que suelo e instalaciones permanentes volvieran al patrimonio municipal. Cuestionaron que la tramitación del acuerdo se hubiera fraguado en unas pocas semanas en un ayuntamiento donde cualquier gestión se dilata durante meses; y sobre todo advirtieron de que las valoraciones económicas para fijar el canon estaban totalmente desfasadas y no se correspondían con la real. Llevaron el asunto al juzgado que archivo la denuncia en solo unas semanas, mientras que el alcalde José Manuel Dolón y la edil Fanny Serrano se querellaron contra Eduardo Dolón por sus declaraciones públicas sobre este asunto en los que señalaba a su responsabilidad. En un procedimiento que sigue abierto.
