La auditora Global & Local asegura en un informe sobre el acuerdo del Ayuntamiento para prorrogar el arrendamiento del suelo público por 15 años a la empresa que gestiona el parque acuático que el municipio eludió «acudir a (un) procedimiento para adjudicación, contrariamente a la normativa que rige la gestión patrimonial y los principios de contratación del sector público» y se optó por un acuerdo privado entre las dos partes. El suelo sobre el que el que se desarrolla la actividad, en torno a 75.000 metros cuadrados, es municipal. Desde 1987 a 2017 una firma explotó un parque acuático por arrendamiento con el municipio; y desde el pasado año con una prórroga a 15 años con la misma firma, a cambio de un canon anual para Torrevieja de 248.000 euros y que triplicaba el anterior.
Una renovación anunciada en mayo de 2016, meses antes de que se agotara el plazo de arrendamiento, por la edil de Turismo, Fanny Serrano (PSOE), tras su aprobación en la junta de gobierno. Tras el análisis las cláusulas del arrendamiento de 1987, según la auditoria, su final debió conllevar la entrega de los activos al Ayuntamiento una vez agotado el periodo de alquiler -los 75.000 m2 y todas las instalaciones fijas-. Y el municipio iniciar un procedimiento público de adjudicación. El estudio definitivo, sin que las alegaciones a la auditoría por parte de los técnicos municipales que informaron favorablemente a la prórroga modificaran hayan modificado conclusiones, está fechado el 18 de febrero. Se realizó de acuerdo con el plan de control financiero permanente del Ayuntamiento para 2017 en apoyo a la Intervención Municipal,y obligado por la administración central. A día de hoy, la Intervención no ha firmado esa auditoría para hacerla propia.
El documento se centra en el análisis de la gestión del inventario patrimonial. Y el grueso de las valoraciones las ocupa el acuerdo de «prórroga» logrado por la multinacional especializada en parques de atracciones, tratado como un expediente «especial» análisis.
El documento subraya que el municipio trató el acuerdo de prórroga con la empresa, como un contrato privado de cesión de suelo municipal a cambio de un canon algo que «supone extraer de la esfera pública la gestión de un bien municipal donde se desarrolla una actividad económica, contraviniendo, de facto, la normativa aplicable».
La empresa, en el proceso de negociación de la prórroga, presentó un informe encargado a un despacho de abogados, en el que se contemplaban tres alternativas. La prórroga privada del contrato, por la que finalmente optó el Ayuntamiento, nuevo contrato de arrendamiento o constitución de un derecho de superficie. Estas últimas hubieran exigido procedimientos de adjudicación pública.
Valoraciones
El informe pone en duda las valoraciones de las instalaciones fijas y los terrenos una vez que se decidió fijar un canon porque cree que se han realizado a la baja. La propia empresa valora en 5,5 millones de euros lo que construyó sobre el suelo público para poner en marcha el complejo 1987. 30 años después la valoración del Ayuntamiento es de 4,1 millones, incluyendo el suelo.
El Ayuntamiento otorgó la licencia en 1987 entendiendo esos terrenos como un bien patrimonial, reconociendo su utilidad pública o interés social, lo que impedía una prórroga adicional. Las propias cláusulas de arrendamiento contemplan condiciones«difícilmente exigibles por un arrendador particular».
Y la propia empresa, en sus cuentas anuales, indicaba «que una parte importante de los activos de la sociedad se encontraba afectada por el convenio de concesión administrativa (sic) que deberá ser entregada al Ayuntamiento de Torrevieja al final del periodo de concesión».
Además, dice la auditora, la práctica contable la mercantil se adecuaba a la de una concesión. Los auditores no solo no corrigen sus conclusiones tras las alegaciones de Secretaría y Urbanismo: se reafirman en todas e incluyen alguna apreciación más contundente.
