El Ayuntamiento de San Fulgencio acumula cuatro meses sin celebrar plenos ordinarios, que son obligatorios por ley. La última sesión estaba prevista para ayer martes pero la alcaldesa en funciones, Susana Ortuño, la canceló asegurando que no podía acudir por motivos personales. Mientras tanto, el municipio sigue pendiente de saber quién será el próximo regidor después de que Carlos Ramírez fuera expulsado del cargo por una condena a ocho años y medio de inhabilitación por prevaricar.

Los grupos de la oposición política esperaban el pleno de ayer para preguntar al gobierno municipal sobre todo lo acontecido desde que un juez obligó a dar cuenta de la sentencia de inhabilitación de Ramírez, que ha sido desposeído de la vara de mando a pesar de que su condena no es firme. En enero fue él mismo quién canceló la sesión prevista, que se celebra cada dos meses, y ahora ha hecho lo propio su sucesora.

Sin sesiones y con una actividad política mermada por la situación del gobierno (formado por cinco ediles expulsados del PP y uno de UPyD), la oposición sólo conoce parte de lo que ocurre cuando tiene acceso a decretos. Ha sido a través de uno de esos documentos como ha sabido que días antes de abandonar el cargo, Ramírez revocó todas las competencias al concejal Borja Antonio Alonso, que ostentaba Turismo, Juventud y Empleo, entre otras. Con ello lo dejó sin el sueldo de 1.600 euros mensuales. Nadie sabe los motivos de esa decisión porque no ha habido plenos. La única sesión celebrada desde enero fue la de hace una semana, en la que se destituyó al entonces regidor, pero éste se negó a dar la palabra a la oposición.