El Partido Popular (PP) de Torrevieja ha iniciado una campaña en redes sociales y a través de preguntas en el pleno para mostrar su rechazo a que el edificio destinado a residencia de dependientes físicos y psíquicos, terminado en 2012 y sin uso desde entonces, acoja un centro de menores tutelados por la Generalitat.
Esta oposición ha sido defendida tanto por el portavoz del PP, Eduardo Dolón -que como alcalde tampoco logró darle uso al edificio-, como por el concejal Tomás Ballester, quienes han evitado de momento expresar este rechazo en comparecencia ante los medios o mediante una nota de prensa.
Dolón aseguró que Torrevieja acogerá una instalación «que el alcalde socialista de Paterna ha rechazado» cuando la Generalitat propuso esta localidad para cubrir la demanda de este servicio vital para menores que carecen de entornos familiares óptimos. El portavoz popular, ambiguo cuando habla de centros de menores al no especificar que se trata de niños y adolescentes sin hogar, también cuestionó que la idea del Consell sea que el edificio se dedique en un 50% a este uso y el otro 50% para el objetivo original de residencia para discapacitados.
El concejal de Contratación y Educación, José Hurtado (Los Verdes) cuestionó en el último pleno este discurso de los populares preguntándose si esta formación consideraba a los menores que requieren apoyo y tutela de la administración pública como «los nuevos leprosos». El alcalde, José Manuel Dolón respondió por su parte a Ballester cuestionando el tono «discriminatorio» implícito en su pregunta. El edil, que fue concejal de Bienestar Social, pedía que el municipio paralizara la cesión del edificio porque hay preocupación entre los colectivos locales a los que en su día iba destinado el servicio.
El mismo concejal popular aseguró que cuando terminó el anterior mandato el edificio contaba con todas las autorizaciones para poder ser abierto, algo que negó el alcalde, recordando que ni la administración local ni la autonómica sabían a qué se iba a dedicar el centro, ni tenían presupuesto aprobado para abrir unas instalaciones cuya dotación de personal especializado en atención a personas con necesidades especiales necesita de una importante partida presupuestaria anual.
En su crítica el PP insistió en que el municipio ha perdido subvenciones para dotación de mobiliario, mientras el gobierno aclara que ni se han perdido ni se han pedido ya que «no se pueden pedir» mientras no se concrete el uso al que se destinará el inmueble.
En otoño, tampoco
El Ayuntamiento vendió el pasado verano durante una visita de la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, que al menos una pequeña parte del edificio estaría en uso para finales de 2017. Objetivo que no se ha cumplido, entre otros condicionantes, porque el municipio se percató a posteriori de que el edificio no figuraba en el registro de la propiedad y por lo tanto no se podía llevar a cabo la cesión prevista a la Generalitat, que ahora sí se ha hecho efectiva.
El edificio, que costó 4,6 millones de fondos estatales en plena crisis, iba a estar destinado a residencia para 80 personas con diversidad funcional como ya anunciaba el PP en su campaña electoral de 2011(visitas incluidas). Poco después de que estuviera terminado los cargos del Consell del PP en aquel mandato, como José Císcar, cuestionaron públicamente que el Ayuntamiento hubiera planteado un proyecto de esa envergadura sin considerar cuánto iba a costar su funcionamiento y a qué se iba a dedicar exactamente.
