Pequeñas y medianas empresas constructoras que operan en Orihuela Costa tienen en el aire la ejecución de entre 1.000 y 1.500 viviendas porque el Ayuntamiento oriolano suma hasta un año de retraso en la concesión de licencias de obra mayor. Un cambio legal exige a los compradores de viviendas contar con la confirmación de licencia de obra municipal para obtener los avales bancarios. Estos avales garantizan la devolución del dinero entregado como anticipo a cuenta en caso de problemas en la edificación o abandono por parte de la promotora. En estos momentos, los compradores están entregando esas cantidades a cuenta a los promotores, que están levantando las viviendas. Pero las licencias no llegan y, por lo tanto, los bancos tampoco emiten los avales.
Como ocurría antes de la crisis, los promotores comercializan las viviendas solo con la solicitud del permiso municipal y el pago de las tasas municipales -esa era la práctica en el sector, casi aceptada en ese momento desde el punto de vista administrativo, aunque era irregular.
Los empresarios, que han trasladado su preocupación a este diario, indican que hay solicitudes de licencia en espera desde mediados de 2017, en el Ayuntamiento de Orihuela. Y ni tan siquiera se han asignado a un funcionario concreto que pueda informar sobre el recorrido del expediente o si existen deficiencias que subsanar antes de conceder la licencia.
Confianza del mercado
Durante el boom inmobiliario los bancos financiaban las viviendas sin exigir que el procedimiento administrativo que autorizaba las obras se hubiera completado. Ni tampoco formalizaban esos avales. Tras la crisis miles de compradores se quedaron «colgados», sin la vivienda por quiebra de las empresas, ni poder recuperar las cantidades que aportaron a cuenta de la construcción, que pueden suponer hasta un 40% de su valor. Quienes se lo pudieron permitir reclamaron en el juzgado. Las sentencias favorables a los consumidores hicieron recaer la responsabilidad en los bancos y fueron las que modificaron la legislación. «Contar con los avales, y al mismo tiempo con la licencia de obras es la forma de hacer las cosas bien, y poder responder a los clientes en caso de que exista algún problema. Pero la lentitud de la administración está poniendo en peligro toda la actividad y la bola se está haciendo cada vez más grande», advierten las mismas fuentes empresariales.
El concejal de Urbanismo de Orihuela, Rafael Almagro (PSOE), dijo ser consciente de este problema de retrasos pero matizó: «Los ritmos de la administración nunca van a ser los de los empresarios, cuyo objetivo es hacer dinero. A veces hacer dinero rápido. Hace dos años nadie solicitaba licencias. Ahora parece que se ha abierto la veda».
El edil explicó que la legislación estatal desde la crisis económica impide sacar a concurso nuevas plazas de funcionarios. Ni tan siquiera autoriza una tasa de reposición de plazas que quedan vacantes. «A mí me gustaría poder contratar a 10 arquitectos, a los que hicieran falta, pero en su día no hubo control del gasto público y ahora hay restricción» con leyes estatales. El concejal explicó que la plantilla cuenta con cinco arquitectos, que son los que tienen competencia para informar de expedientes de obra mayor. Tres de ellos se dedican de forma casi exclusiva a tramitar las licencias. En los últimos días se ha incorporado una técnico que estaba de baja y otro procedente de la bolsa de empleo. «Pero más no podemos hacer con esa limitación de personal», reiteró.
En otros municipios
Las mismas fuentes indican que esta misma situación se está produciendo en otros municipios del litoral de la provincia donde el sector de la construcción viviendas turístico residenciales ha despegado en los dos últimos años. Se trata de empresas que aprovecharon en su día la disponibilidad de suelos urbanizados residenciales -con todas las infraestructuras básicas resueltas-, que quedaron sin edificar por la quiebra de «algunas» de las grandes dedicadas al negocio de la construcción. Cuando los precios todavía no se habían recuperado pudieron hacerse con estas fincas -el coste del suelo urbano es el principal que asume un constructor a la hora de abordar una promoción-. La mayor parte de estas nuevas promociones están ubicadas en los márgenes de la autopista Alicante-Cartagena.
