Carlos Ramírez, alcalde de San Fulgencio, convocó ayer para el próximo 2 de mayo, a las 9 de la mañana, el pleno extraordinario solicitado en bloque por la oposición -PP, PSOE y PIPN- en el que tiene que dar cuenta de la sentencia dictada el pasado 2 de noviembre por el juzgado de lo Penal 1 de Orihuela que le condenó a una pena de inhabilitación de 8 años y medio para tener cargo público por un delito de prevaricación administrativa (lo que tiene recurrido en la Audiencia Provincial). El regidor habrá permanecido seis meses desde que se dictara esa resolución tomando decisiones al frente del equipo de gobierno pese a que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General fija que la inhabilitación surte efecto aun cuando la sentencia no sea firme, como es el caso.

En San Fulgencio no se celebra un pleno desde enero pues el ordinario de marzo (se fijan cada dos meses) fue aplazado por el alcalde cuando ya el juzgado le había dicho a través de una providencia que debía dar cuenta de la resolución judicial.

El pleno, a priori, será breve, pues el punto único del día es «toma de conocimiento de la declaración de incompatibilidad sobrevenida del señor alcalde Carlos Ramírez Sansano para ostentar la condición de alcalde, teniente de alcalde y concejal a raíz de la sentencia». Leída la misma, la sesión habrá acabado

La oposición entiende que, a partir de ese instante, Carlos Ramírez tiene que abandonar el cargo y que un miembro de su equipo de gobierno -formado por uno de UPyD y por cinco ediles que, junto a él, abandonaron el Partido Popular tras negarse el alcalde a dimitir- tendrá que asumir la gestión hasta que se fije un pleno para nombrar a su sucesor.

Para ello, previamente, deberá incorporarse el número 8 de la lista del PP, quien tiene que sustituir a Carlos Ramírez; y el número 2 de los independientes de APSFU, lista liderada por Mariano Martí, quien dimitió anteayer, tal y como adelantó este diario, y quien llevaba más de dos años ocupando el cargo de edil y sin aparecer por los plenos después de ser también condenado a una pena de inhabilitación de la que nunca se ha dado cuenta en los plenos.