Un nuevo desahucio ha sido paralizado, aunque esta vez será por poco tiempo porque la comitiva judicial ha dado un plazo de dos meses, hasta el 25 de junio, para que las cuatro familias afectadas, todas ellas de un mismo edificio de la calle Oriol de Orihuela, se busquen un nuevo hogar o lleguen a un acuerdo con la entidad bancaria. En torno a medio centenar de personas convocadas por varias plataformas antidesahucios se han concentrado frente a las viviendas desde primera hora de la mañana. Poco después llegaba la comitiva judicial, junto al representante del banco propietario de los pisos, los cerrajeros y dos patrullas de la Policía Nacional. El dispositivo montado se ha encontrado con el rechazo de los concentrados que han coreado lemas como "sí se puede" o "este desahucio, lo vamos a parar".

Con lágrimas en los ojos las cuatro familias afectadas, tres de ellas con menores a su cargo de entre 6 meses y 10 años y un matrimonio sexuagenario, han estado pendientes de su destino. En sus balcones del barrio de Capuchinos han colgado una enorme pancarta en la que se podía leer "Somos familia, no delincuentes". Algunas de las familias llevan allí viviendo desde hace 37 años, y ahora temen perder sus casas. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han explicado que las casas las construyó una cooperativa como viviendas sociales, aún en época franquista, y los vecinos pagaban poco a poco sus recibos, pero ésta fue absorbida por el banco BBVA en 1991. Fue entonces cuando la entidad bancaria llevó a juicio a las familias para reclamarles una serie de intereses. "Aquí las familias han pagado religiosamente su vivienda, hay una pequeña cantidad que queda de residuo, pero hay que comprender que no quieran pagar intereses sobre algo que nadie les ha venido a cobrar nunca", ha explicado Manuel Manzano, de la PAH de Callosa de Segura.

Los vecinos estuvieron durante muchos años pagando una renta antigua hasta el año 1991 cuando el banco adquirió esas casas. "El banco se ha negado siempre a que paguen un alquiler social a pesar de la insistencia de las familias, que son honradas y trabajadoras", ha señalado María José Cuadrado, de la PAH de Almoradí.

Los portavoces de las plataformas antidesahucios han criticado la inacción del Ayuntamiento de Orihuela en este caso, ya que han asegurado que se pusieron en contacto con la Concejalía de Bienestar Social pidiendo mediación y apoyo y no han recibido ninguna respuesta. "Hace 5 meses les informamos de la situación y a día de hoy no tenemos respuesta", ha criticado Cuadrado. "Nos reunimos varias veces con los ediles Sabina Galindo y Dámaso Aparicio, les explicamos la situación y nos dijeron que íbamos a recibir respuesta, pero nada, tampoco de la Generalitat a la que pedimos unas viviendas sociales para que se fueran a vivir estas familias y no tenemos solución por ningún lado". Las familias están dispuestas a marcharse de las viviendas, si no queda más remedio, pero siempre y cuando les den una alternativa ocupacional.

Las plataformas -cuyos portavoces han llegado de diferentes puntos de la provincia como Santa Pola, Elche, Almoradí, Callosa de Segura, Torrevieja, Orihuela o Guardamar- han denunciado que la solución no es una nueva moratoria "que sólo alarga el problema" y han reclamado una solución habitacional para las familias "que si no se quedarán en la calle, sin un techo y aquí volveremos el 25 de junio porque vamos a seguir luchando, porque esas casas ya están de sobra pagadas con intereses", ha indicado la portavoz de la PAH Almoradí. A las puertas de las viviendas también han acudido los ediles Karlos Bernabé, de Cambiemos, y Carmen Gutiérrez, del PSOE, para dar apoyo a las familias que se pretendía desahuciar.

La paralización de los cuatro desahucios se ha recibido con aplausos y con gritos de "este desahucio, lo hemos parado". Muchos de ellos se han abrazado emocionados tras la comunicación de la comitiva judicial. El pasado 20 de diciembre se consiguió el primer aplazamiento de desahucio, lo que se ha vuelto hoy a repetir.