Debería de tener un porche con vistas a la huerta, pero lo que ve es muy distinto. A tan solo 1,70 metros de su vivienda existe una edificación con jaulas para animales. El primer culpable de esa situación es el propietario que lo construyó de forma ilegal en 2009. Pero hay otro responsable más, y es el Ayuntamiento. La administración local decretó una orden de demolición en 2011. Desde entonces han pasado tres alcaldes por el consistorio pero ninguno ha resuelto la situación.

La afectada es Carmen García, una mujer que vive en la Vereda del reino de Orihuela, entre Desamparados y Beniel. La vecina ha presentado infinidad de escritos en el Ayuntamiento. Los primeros, hace nueve años, para denunciar la construcción ilegal. Encargó incluso un informe pericial documentado con fotografías para alertar al consistorio de lo que estaba ocurriendo. En ese documento se explicaba entonces que se había vulnerado la legalidad urbanística, que no se cumplía la normativa de núcleos zoológicos de la Comunidad Valenciana ni la ordenanza municipal sobre tenencia de animales ni la de contaminación acústica. Advirtió también de que las jaulas, de unos 50 metros cuadrados, estaban siendo utilizadas para la cría de perros de raza potencialmente peligrosa. El consistorio vio claro que se había vulnerado la ley urbanística y en junio de 2011 decretó un derribo que nunca se llegó a ejecutar. Durante todos estos años, además de canes, la dueña de la vivienda asegura que se ha utilizado la instalación para criar pollos, gallinas, perdices... con lo que conlleva hacerlo a menos de dos metros de su propia casa, causando molestias por ruidos y olores. Ha presentado un rosario de reclamaciones en el Ayuntamiento, las últimas esta misma legislatura al gobierno que dirige Emilio Bascuñana (PP). Sin embargo, dice que ni si quiera se han dignado en contestarle.

La situación ha llegado al punto de que, siempre según la afectada, desde la Concejalía de Urbanismo le han trasladado que esa orden de demolición podría haber prescrito y quizá ya no pueda hacer nada. Claro que Carmen no está dispuesta a resignarse y asegura que seguirá luchando. Ha contratado a un abogado y presentará otro escrito para conocer qué político o funcionario es el responsable de no hacer cumplir esa orden de derribo. Sopesa acudir incluso a los tribunales para recobrar la paz que dice que perdió hace ya nueve años.