El Consorcio para el desarrollo del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja no licitará ninguna de las obras pendientes para que la comarca pueda realizar su propia gestión los basura ni tampoco redactará y aprobará su propio proyecto de gestión hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) decida sobre el recurso de Cespa-Ortiz a la anulación de su contrata, según avanzó ayer en Torrevieja el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer en Torrevieja.
El empresario Ortiz -que se adjudicó la contrata en enero de 2008 para el macrovertedero en Torremendo, rechazada por los juzgados, y luego en 2013 para la alternativa de Albatera- mantiene un recurso por la vía administrativa en la que reclama su derecho a explotar esa adjudicación.
El Consorcio anuló en 2014 esa contrata en el anterior mandato con el argumento técnico de incumplimientos de plazos por parte de Cespa-Ortiz, aunque con la sombra del caso Brugal y el rechazo frontal al macrovertedero que planteaba en Albatera y a una planta de transferencia de Cox, que fueron los principales argumentos de fondo político. El empresario, mientras, elevó el asunto hasta el TSJCV. Piquer admitió en su comparecencia que el objetivo es «tenerlo todo avanzado» para el momento en el que TSJCV se oponga al recurso de Ortiz -si es que lo rechaza-. La resolución puede llegar entre los meses de junio y octubre.
Al director general le tocó ayer recalar en la ciudad de la sal a la hora de vender las bondades de la gestión del Consorcio comarcal, -que en realidad poco ha podido hacer en estos dos años pues solo ha licitado ecoparques móviles y está intentando sacar adelante un proyecto de planta de transferencia en Dolores. El Consorcio se ha dedicado a convencer con campañas publicitarias y viajes a plantas de transferencia en València a algunos vecinos de pequeños municipios de la comarca de que estas instalaciones no son sinónimo de corrupción e impacto ambiental negativo -como lo fueron durante décadas para Campoamor o La Murada-. Piquer, quien estuvo acompañado por el alcalde José Manuel Dolón, la edil Fanny Serrano y el presidente del Consorcio, Manuel Pineda, dijo que para cualquier conocedor de la gestión de residuos que observa la situación de la Vega Baja resulta «incomprensible» que en el siglo XXI no cuente con ninguna de las instalaciones que exige la legislación, pese a ser la segunda comarca de la Comunidad en generación de basuras, solo superada por el área metropolitana de València. La comarca, y en especial Torrevieja, remitirá este año más toneladas a Cañada Hermosa en Murcia debido a las obras que se están desarrollando en las plantas de Elche (15 millones de euros) y Xixona (3 millones, en una inversión que se produce tras las denuncias, reflejadas en este diario, en las que se demostraba que buena parte de la basura no se somete a un proceso selectivo).
Explicaciones
Pese a que no están preparadas para valorizar los residuos, toda la basura de la Vega, más de 300.000 toneladas anuales, debe remitirse a Alicante, Elche, Xixona, Villena y, ahora, Murcia. Paradójicamente la murciana es la instalación más moderna.
Piquer aseguró que habría que pedir explicaciones «a los que en la legislatura pasada retiraron de la mesa la posibilidad de invertir más de 30 millones de euros en la planta de Xixona» a la hora de aclarar por qué buena parte de la basura que acaba allí -y que los vecinos creen que reciben un tratamiento selectivo- es enterrada sin tratar.
La Generalitat sí cuenta con 20 millones de euros de fondos europeos para la mejora de ecoparques móviles y fijos en la Vega, cuantía con la que sí ha iniciado la licitación de 8 unidades para dar servicio a la comarca. También hay s800.000 euros consignados en los presupuestos de la Generalitat para costear una planta de transferencia «que con casi total seguridad» se ejecutará en Dolores.
Mientras que el resto de los municipios de la Vega son susceptibles de alojar alguna de estas instalaciones -transferencia, ecoparque, valorización o eliminación-.
San Miguel de Salinas
Piquer, en una de las escasas declaraciones categóricas que ha hecho en los últimos meses sobre la ubicaciones aclaró que en ningún caso ninguna de ellas irá a Torrevieja. En estos momentos el municipio que más papeletas cuenta para albergar una instalación relevante, en este caso una planta de valorización de residuos, es San Miguel de Salinas, como la opera en el municipio valenciano de Algimia de Alfara. Aunque el responsable del Consell, que ha visitado en tres ocasiones el municipio en las últimas semanas, enmarcó sus encuentros con los vecinos de este municipio en el ámbito de la aportación de información, lo cierto es que el Consorcio y el Consell se han fijado en eeste municipio porque hay una posibilidad -mucho mayor que en oltras poblaciones de la comarca- de ponen en marcha una instalación de dimensiones importantes: va más allá de una planta de transferencia. Llegarían residuos para llevar a cabo el trabajo de selección y valorización, mientras que el "rechazo", lo que no se puede reciclar se transportaría en camiones a un vertedero.
La misma fuente recordó que la Generalitat va a invertir otro millón de euros -que se suma al que ya se ha gastado- en la restitución ambiental y sellado del vertedero de La Murada: «ese que resultaba tan económico a los municipios con tasas de 16 euros por tonelada» y a la postre va a resultar caro al erario.
