La Unidad de Salud Mental de Orihuela tendrá que contratar a cinco o seis celadores más, en el plazo de dos meses, para garantizar la seguridad de los trabajadores, después de que el Sindicato de Enfermería (SATSE) tuviera que acudir a la Inspección de Trabajo para buscar una solución que frenara las agresiones que se estaban produciendo, explica en una nota., «sobre todo, el colectivo de enfermería».

En el mencionado Servicio de Salud Mental del Hospital Vega Baja existe una unidad de Hospitalización Psiquiátrica que se divide en dos, una de Adultos (con una capacidad de 15 pacientes) y otra infanto-juvenil (con capacidad para 8 pacientes). «Esta última, la infanto-juvenil, es centro de referencia para toda la provincia de Alicante y la Comunidad Autónoma de Murcia. Ya en el año 2009, cuando se realizó la primera evaluación de riesgos laborales de ésta Unidad, se destacaba como punto a mejorar la seguridad de los trabajadores, debido a la prevalencia de agresiones físicas hacia los trabajadores, por parte de los pacientes ingresados», explica en un comunicado.

Los informes elaborados por el Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, de la misma Conselleria de Sanidad constataban desde el septiembre de 2008 hasta el último, el año pasado, que «en que la plantilla actual de celadores es la misma que cuando funcionaba solamente la Unidad de Adultos». Durante el año 2016 se han notificado 5 agresiones y en el año 2017 se han notificado 3 agresiones físicas a los trabajadores, cursadas como accidente laboral, y con Incapacidad Temporal por lesiones, todas ellas acontecidas en la Unidad Infanto-juvenil.

«El problema ha sido tratado en múltiples ocasiones, a solicitud por parte de los representantes de los trabajadores, sin que la administración tomase cartas en el asunto», recuerdan, por lo que «ante la inoperancia y falta de resolución al problema, el SATSE, se vio en la necesidad de actuar en consecuencia, presentando una denuncia, con solicitud de «urgencia», en la Inspección de Trabajo, a finales de marzo.

La Dirección General de la Inspección de Trabajo, ha entendido dicha urgencia, y en un corto espacio de tiempo ha resuelto exigir estas contrataciones.