El Juzgado de Instrucción Número 9 de Murcia inició ayer una maratoniana semana de toma de declaraciones en la que pasarán por sus dependencias más de una treintena de personas relacionadas con un fraude millonario en las obras del AVE. A tal efecto se ha desplazado a Murcia una fiscal de Madrid dependiente de la Fiscalía Anticorrupción.
En la jornada de ayer estaban llamados a declarar cuatro nuevos imputados, que aparecieron en un primer momento como testigos en la causa pero que, en virtud del desarrollo de las pesquisas, han acabado como investigados. Uno de ellos es un alto cargo de Adif, José María Fabregat, que ocupaba el puesto de director general de Grandes Proyectos cuando se cometió el presunto fraude, que básicamente consistía en cargar a las arcas públicas obras inexistentes que supuestamente se realizaban para realizar el trayecto del AVE entre Crevillente y Murcia, a través de la Vega Baja.
Además de este imputado también declaró, en calidad de perito, el autor de una auditoría interna realizada en el seno de Adif, que viene a respaldar las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, y que cifra en más de veinte millones de euros el desvío de dinero a causa de obras inexistentes.
Otros dos imputados que en un principio declararon como testigos, y que han acabado en calidad de investigados, son responsables de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, una población situada en la Vega Baja alicantina, en las cercanías de Catral. Por esta comunidad de regantes pasaron unos tres millones de euros en concepto de las obras bajo la lupa ahora del juzgado.
Por último, la juez Olga Reverte también llamó a declarar al interventor de una oficina del Banco de Valencia en Santomera. Esta oficina servía para dar cobertura de apariencia legal a los trámites de los trabajos que nunca llegaban a realizarse, traspasando fondos entre contratas y subcontratas por el supuesto pago de las obras. En la cabeza de la pirámide se encontraba la empresa Obras Marimar, que iba destinando supuestos trabajos realizados, como desvíos de acequias para permitir el paso de la Alta Velocidad, a otras subcontratas.
El director de la oficina bancaria de Santomera ya se encontraba anteriormente entre los investigados en el caso.
A lo largo de esta semana seguirán compareciendo en el juzgado murciano más de una veintena de personas relacionadas con el caso, si bien lo harán ya en calidad de testigos.
Cuando la Agencia Tributaria inició la investigación pretendía descubrir una red dedicada a defraudar a Hacienda mediante la emisión de facturas falsas. Pero muy pronto los investigadores se dieron cuenta de que eso era sólo la punta del iceberg. Lo que empezó para destapar un delito contra la Hacienda Pública pronto incluyó otros como estafa, falsedad documental y pertenencia a organización delictiva.
Las sospechas de la existencia de esta red se remontan a hace más de un lustro. De ahí que la Agencia Tributaria enviara el caso a la Fiscalía Anticorrupción a principios de 2014, y los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera iniciaran la investigación, a la que poco después se unió el Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Guardia Civil en Murcia. «¿Un fraude en el AVE? No tengo ni idea. Voy a intentar enterarme», dijo a este periódico, un día antes de ser detenido en Murcia, uno de los presuntos cabecillas de esta trama.
