El Ayuntamiento y la Generalitat han decidido el cambio de uso para las dependencias del Museo de la Semana Santa sin que el acuerdo definitivo haya pasado por pleno. El equipo de gobierno decidió en junio de 2016 que esa solicitud requería la mayoría del pleno para ser validada posteriormente por la Conselleria de Hacienda. En aquella sesión el gobierno en minoría no obtuvo el visto bueno de Cs ni del PP y tuvo que dejar el asunto sobre la mesa. La resolución por la que ahora se ha decidido que solo tres de las siete plantas del edificio, que costó casi 6 millones de euros de dinero público a través del Plan Confianza de la Generalitat, se destinen a la exposición de tallas y el patrimonio religioso de la Semana Santa, se ha adoptado sin mediar esa resolución de pleno.
¿Qué ha cambiado? Según el alcalde José Manuel Dolón (Los Vedes) la decisión de llevar al pleno la solicitud fue «un error administrativo». Error que se reconoce ahora. Durante todo este tiempo la oposición ha estado esperando que el punto que quedó sobre la mesa se negociara para que volviera a debatirse.
Obra no usos
El decreto del Consell por el que se intentaba regularizar en 2016 muchas de las obras sin terminar -e incluso no iniciadas- del Plan Confianza indicaba que el cambio de «obra» requería de ese acuerdo plenario: por ejemplo destinar un dinero previsto en un municipio para un pabellón a un centro cultural. No para el cambio «de usos» de un edificio ya terminado como es el caso del museo, en el que además de las tres plantas para la Semana Santa hay dependencias que se quieren usar como archivo de la Guardia Civil y los juzgados -situados a escasos metros-, museo del Mar y de la Sal o dependencias de riesgos laborales, entre otras.
El Ayuntamiento no se decidió sin embargo a remitir la solicitud hasta casi un año después, a mediados de 2017 y es ahora cuando se ha resuelto. El retraso a la hora de que la administración autonómica haya accedido a asumir la solicitud da cuenta de que el criterio no estaba claro. En cualquier caso, se ha perdido casi un año y medio en una tramitación que permitirá ahorrar cientos de miles de euros en alquileres.
Todo al margen de la oposición frontal de la Junta Mayor de Cofradías, que ha calificado el acuerdo de «golpe a la religiosidad popular». Ya el anterior equipo de gobierno del PP planteó este cambio de usos, aunque más discreto. La Junta Mayor, por otra parte, no podía ni puede asumir el coste de mantenimiento de todo el edificio.
