El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dio ayer vía libre a continuar con los trabajos para la retirada de la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura. Lo hizo a través de dos sentencias con las que rechazó los recursos del Partido Popular (PP) y la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz. No obstante, exigió que la obra se desarrolle con sumo cuidado y ordenó al Ayuntamiento, gobernado por PSOE, IU y Somos Callosa, que custodie adecuadamente todos los elementos del monumento para «que sea perfectamente viable la reconstrucción del conjunto». En ese sentido, recordó que todavía no han finalizado los procesos judiciales y, por ello, no se ha escrito el último capítulo sobre este asunto.

El alcalde, Fran Maciá (PSOE), dio ayer mismo la orden para que prosigan los trabajos de retirada de la peana del monumento en aplicación, defiende, de la Ley de Memoria Histórica. La obra se inició el 29 de enero de madrugada pero el TSJCV la paralizó horas después por un recurso del colectivo vecinal. En ese momento la Cruz ya había sido arrancada de su base y sólo quedaba el pedestal. Según dijo ayer Maciá, se espera que los trabajos se terminen en pocos días y que la Plaza de España quede «en condiciones adecuadas» antes de Semana Santa.

Las sentencias hechas públicas ayer por el TSJCV no entran a valorar el fondo de las cuestiones planteadas por la plataforma vecinal y sólo avalan la continuidad de la obra. En ese sentido, será el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche, que tramita el recurso interpuesto por dicho colectivo contra el acuerdo del Pleno que desestimó una moción del PP del 13 de enero de 2017, el que deberá determinar las cuestiones de fondo: si la supresión de la Cruz vulnera o no el derecho a la libertad religiosa, si la Cruz es un símbolo religioso o un elemento de justificación de una dictadura y la relación que pueda existir entre la declaración de monumento de la iglesia de San Martín y la Cruz de los Caídos.

Sin inscripciones

Cabe recordar que el grupo municipal popular pidió hace un año mantener la Cruz porque se habían eliminado placas y menciones conmemorativas y no creía aplicable la Ley de la Memoria Histórica. La moción fue rechazada por mayoría en el Pleno. Ese acuerdo fue recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso de Elche, que lo tramita ahora como un procedimiento especial de Derechos Fundamentales por vulneración de la libertad religiosa. Una vez que dicho juzgado emita una resolución, podrá ser recurrida ante el TSJCV, y será esa sentencia firme la que determine el destino final de la Cruz.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV ha rechazado asimismo la petición de la Plataforma para que la Cruz sea depositada en una nave cerrada y con vigilancia electrónica. Al tribunal, «le parecen suficientes las prevenciones que de cuidado y custodia se han impuesto a la administración mientras dura el proceso». Los jueces han reprochado igualmente al Ayuntamiento que comenzara los trabajos de retirada del monumento sin esperar dos días -hasta el 31 de enero-, fecha fijada para celebrar la vista en la que había de resolverse sobre la petición de medidas cautelares, y que lo hiciera sin comunicarlo al tribunal en los términos en que le había sido requerido el día 24, enviando un fax el viernes 26 «sin especificar temporalidad o momento concreto alguno para la operación de desmontaje».