El Tribunal de Cuentas está llevando a cabo una investigación tras detectar supuestas irregularidades en la contabilidad del colegio José María Manresa Navarro, en San Fulgencio. Al parecer se ha registrado un descuadre que asciende a 39.104 euros y se ha iniciado un procedimiento que busca que dicha cantidad sea reintegrada. Los hechos salieron a la luz a finales de 2015, cuando la nueva junta directiva asumió las riendas del centro público y revisó el balance de ingresos y gastos. La Generalitat Valenciana solicitó entonces numerosa documentación y la Intervención General preparó después el expediente que fue enviado al citado órgano judicial.
Según un informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso este diario, al cierre del ejercicio de 2015 la contabilidad del centro escolar indicaba que el saldo bancario debía de ser de 72.642,50 euros mientras que en la cuenta había sólo 54.803,33 euros. La cantidad que faltaba fue variando después al incluirse cargos de impuestos que no estaban contabilizados en el libro de gestión, saldo de caja y gastos que se habían contabilizado en 2015 pero que se abonaron en 2014, resultando finalmente esos 39.104 euros de descuadre.
La investigación se ha desarrollado durante varios meses y el equipo directivo del centro escolar ha tenido que remitir numerosa documentación a la Intervención autonómica. El trabajo no ha sido fácil ya se ha tenido que revisar documento a documento para comprobar de dónde procedía el descuadre y verificar si los apuntes contables que el centro enviaba a la Inspección educativa se correspondían con los reales, es decir, que no habían sido alterados.
Una vez que ha sido analizada «la contabilidad del centro, los soportes documentales, revisados los extractos de la cuenta bancaria del centro y una vez realizada la conciliación ente la contabilidad y los movimientos de la cuenta bancaria, existe un saldo no justificado en la tesorería para este centro de 39.104 euros», se concluye en el citado informe.
Traspaso de documentos
Según se indicó desde la Intervención General de la Generalitat, cuando se produce un cambio en la dirección de un colegio se debe de realizar un traspaso de la documentación económica y debe ser rellenada un acta de diligencia por el Consejo escolar que incluye el balance de la situación económica, «siendo, en cualquier caso, el director saliente el responsable del estado de cuentas», tal y como establece la normativa. Pues bien, según fuentes del equipo directivo actual, ese proceso de intercambio de documentación no se realizó como era debido. Señalan que cogieron las riendas del colegio en septiembre de 2015 y, llegado el final del ejercicio, trataron de realizar el cierre contable. Pues bien, fue ahí cuando intentaron cuadrar las cuentas y vieron que era imposible. Se negaron a asumir ese descuadre como propio y pusieron los hechos en conocimiento de la Conselleria, que inició la investigación que ha acabado en el Tribunal de Cuentas. Por ese motivo, las cuentas del centro escolar están intervenidas desde hace ya dos años y cada operación que tiene que realizar el colegio es supervisada con lupa por la Intervención.
El dinero «no estaba»
Desde la dirección del centro intentan ser prudentes y prefieren no pensar que alguien haya podido meter la mano para llevarse lo que no es suyo. «Según la documentación contable, figuraba que entre el dinero del banco y el de caja debía de haber una cantidad que en realidad no estaba. Quizá en su momento se hizo otra valoración de las cuentas y por eso no cuadran», expresaron ayer desde el colegio.
Este diario contactó ayer con la Conselleria de Educación para conocer en qué punto se encuentra la investigación y se explicó que «detectadas las presuntas irregularidades, ahora está pendiente de enjuiciamiento por procedimiento por alcance. El Tribunal de Cuentas valorará si hay o no responsabilidad en este hecho por parte de responsables del centro».
A este respecto, el citado tribunal ha realizado una publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana para informar de que se está siguiendo un procedimiento de reintegro por alcance por presuntas responsabilidades contables puestas de manifiesto en el informe especial de control financiero de ese colegio.
