El tripartito de izquierdas (PSOE; IU y Somos) que gobierna el Ayuntamiento de Callosa de Segura recibió ayer un nuevo espaldarazo de la Generalitat Valenciana, que dijo que apoya la retirada de la Cruz de los Caídos en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por tratarse de «un elemento de exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura». El respaldo del Consell llega en un momento clave porque la Subdelegación de Gobierno, a petición del consistorio, ha autorizado desplegar un gran dispositivo de seguridad en torno al monumento para garantizar que pueda ser eliminado de la Plaza de España. Probablemente se hará próximo lunes.
El alcalde de la localidad, el socialista Fran Maciá, recibió ayer en el Ayuntamiento a la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga. Durante la reunión se abordó el polémico asunto de la Cruz. Una vez concluido el encuentro, la Generalitat envió un comunicado en el que dijo lo que el tripartito esperaba oir: «la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte apoya al Ayuntamiento de Callosa de Segura para que retire la Cruz de los Caídos». Con su visita, Amoraga pretendía «apoyar institucionalmente y felicitar personalmente al alcalde y al equipo de gobierno por su implicación en la reparación de este agravio histórico que ha generado tanto sufrimiento en tantas personas durante tanto tiempo».
La directora general señaló igualmente que la Generalitat apoya la retirada del símbolo porque, a su juicio, incide de forma negativa en el entorno de la iglesia parroquial de San Martín, protegida como Bien de Interés Cultural (BIC). A ese respecto, consideró que el monolito de mármol blanco «impide la adecuada visualización» del templo. Amoraga recordó que su posicionamiento en torno a esta cuestión no es nuevo, dado que «tanto los informes de Patrimonio y Justicia como el de la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana avalan la retirada de la Cruz de los Caídos, que es un elemento disonante e impropio en el entorno del BIC de la iglesia». Añadió que la Dirección General de Cultura y Patrimonio ya autorizó la retirada de esta cruz en marzo de 2017 «por incidir negativamente sobre el BIC» y recomendó también la retirada de otros «elementos impropios» como el cableado eléctrico que cruza el espacio público y, particularmente, las farolas fernandinas de brazo y la de la hornacina situadas en la fachada.
Guardia Civil
El dispositivo de seguridad para retirar el símbolo está siendo ultimado entre el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, y la Subdelegación de Gobierno, con la Guardia Civil. Las fuerzas de seguridad velarán para que se puedan llevar a cabo los trabajos. Cabe recordar que el tripartito ya lo ha intentado hasta en tres ocasiones pero la presión ejercida por callosinos adscritos a la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz lo ha impedido.
Los vecinos agrupados en torno a ese movimiento se han estado concentrando junto al monolito de forma ininterrumpida durante el último año, con permisos de reunión que ha ido renovando la Subdelegación de Gobierno. Sin embargo, esta institución les ha denegado la autorización para que puedan concentrarse allí desde el 29 de enero. Esa medida se ha adoptado a petición del propio Ayuntamiento, que se quejó de que si seguían las reuniones en ese punto no se podía llevar a la práctica el acuerdo de Pleno con el que se decidió retirar la Cruz en marzo de 2016.
Mientras tanto, la Diócesis de Orihuela-Alicante reclama que la propiedad de la Plaza de España es de la Parroquia de San Martín y se niega a trasladar el monumento. Para empezar, ya ha dicho que no acepta que se lleve al cementerio parroquial. Está por ver qué decisiones adopta la Plataforma en Defensa de la Cruz, que probablemente recurrirá en los tribunales la denegación del permiso para concentrarse en la plaza. Tampoco se descarta que la Diócesis recurra a algún tipo de medida judicial. El asunto está causando una gran controversia en un municipio que se encuentra dividido.
