19 de enero de 2018
19.01.2018

El alcalde pide refuerzos a la Subdelegación para cerrar la plaza y quitar la Cruz el lunes

El Ayuntamiento planea desplegar un operativo de Guardia Civil y Policía Local para impedir que los vecinos bloqueen de nuevo la retirada del símbolo

18.01.2018 | 23:52
Una imagen de vecinos concentrados en torno a la Cruz de los Caídos, donde hacen guardia cada día desde hace más de un año.

El tripartito defiende que existe una sentencia firme del TSJ que les respalda, al igual que la Generalitat.

El Ayuntamiento de Callosa de Segura ha pedido refuerzos a la Subdelegación de Gobierno para desplegar un imponente dispositivo de seguridad en torno a la Plaza de España. El tripartito (PSOE, IU y Somos) quiere retirar la Cruz de los Caídos la próxima semana y blindar con Policía Local y Guardia Civil los alrededores. Con ello intentará garantizar que la maniobra sea afectiva después de tres intentos fallidos. La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz sigue teniendo permiso para concentrarse en el lugar y el alcalde, Fran Maciá, ha solicitado que se les cambie de ubicación para poder llevar a cabo los trabajos.

El perímetro de seguridad que se quiere establecer en torno a la Cruz va más allá de la plaza en la que se encuentra. El gobierno local ha solicitado apoyo para que se controlen también todas las calles que dan acceso a este lugar, en pleno casco tradicional. Para ello se ha trazado un plan que tiene que ser validado por la Subdelegación y que incluye disponer un gran vallado de seguridad.

Los trabajos para retirar el monumento y adecuar la zona está programado que se alarguen desde el 22 de enero hasta el 2 de febrero. La plataforma que agrupa a vecinos que defienden que la Cruz sigue en este emplazamiento, junto a la iglesia de San Martín, y tiene permiso para concentrarse allí hasta el 28 de enero. El Ayuntamiento ha solicitado que se les cambie de ubicación con los 10 días de antelación que exige la ley. No obstante, si la Subdelegación aprueba el cambio podrán presentar alegaciones e incluso acudir a los tribunales. El regidor se ha quejado al subdelegado de gobierno, José Miguel Saval, de que la plataforma lleva un año solicitando de forma reiterada peticiones para poder concentrarse junto al monumento y ha impedido ejecutar el acuerdo de pleno que aprobó la retirada de la Cruz.

Seguridad

«La concentración de personas no es aconsejable en relación a la propia naturaleza de la obra» por ello «se propone una zona de seguridad mediante un perímetro para evitar tanto el peligro para las personas y que se pueda impedir la ejecutividad del acuerdo», dice el escrito remitido al subdelegado.

Aunque en este momento existen varios procesos judiciales pendientes relacionados con la posible retirada de la Cruz, el gobierno local esgrime ante la Subdelegación que está legitimado para llevar a cabo el traslado del monumento, acordado en sesión plenaria el marzo de 2016. Alegan que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó un recurso de apelación de la oposición para tratar de frenar la eliminación del monolito. Defienden que ese fallo es firme y que, por lo tanto, pueden actuar.

La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, apoya la decisión del gobierno local en base a la Ley de Memoria Histórica. Este organismo avaló el plan de retirada del monumento ideado por el gobierno y pidió que se conservara en un lugar adecuado debido a su consideración como documento histórico.

En los casi dos años que han trascurrido desde que el pleno aprobó retirar el monumento se han sucedido numerosos recursos judiciales aunque el tripartito destaca que ninguno de ellos ha fallado en contra de esta decisión. El regidor enfatizó en que se han solicitado en numerosas ocasiones medidas cautelares para impedir que se traslade la Cruz pero en ningún caso se han conseguido.

Simbología

Cabe recordar que en noviembre de 2017 una sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso 1 de Elche avaló la retirada del símbolo. En el fallo se descartó su «simbología religiosa» porque «se erigió para conmemorar una sublevación militar y honrar a los vecinos pertenecientes a la facción ganadora que murieron durante la Guerra Civil». Sin embargo, la magistrada suspendió después esa sentencia tras ser recusada por Javier Pérez, que la acusó de no ser imparcial. Ahora la Fiscalía de la Comunidad Valenciana ha desestimado esa recusación contra la jueza y la ha apoyado.

Mientras tanto, los vecinos agrupados en torno a la plataforma hacen guardia junto a la Cruz desde hace más de un año. Defienden su valor como símbolo cristiano y recuerdan que ya se eliminó la inscripción de José Antonio Primo de Rivera y placas de Falange, por lo que creen que el monolito respeta la Memoria Histórica.

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