La gestión de los residuos de la Vega Baja durante la última década ha estado rodeada de polémica. La falta de infraestructuras para tratar los desechos y el supuesto intento de amañar la contrata del Plan Zonal -caso Brugal-ha generado continuas críticas entre políticos de uno y otro partido. Eso es algo que ha ocurrido entre los 27 municipios que forman el club consorciado, pero el debate ha sido especialmente tenso en Orihuela. Ahora se sabe que ese ayuntamiento adeuda 250.909 euros al Consorcio por cuotas impagadas entre 2010 y 2017. Eso demuestra que mientras los alcaldes han puesto el grito en el cielo por lo que estaba sucediendo, tampoco ellos cumplían, pues no pagaban lo que les correspondía.
La deuda que arrastra el municipio de Orihuela ha sido cifrada por el actual presidente del Consorcio, Manuel Pineda. El socialista ha enviado una misiva al alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, para exigirle que pague lo que debe. Éste aseguró ayer que cree que el abono de esa deuda se incluyó en el último expediente extrajudicial de crédito, aunque dijo que tenía que consultarlo.
Lo cierto es que no es la primera vez que Pineda le manda una carta de esas características a Bascuñana. Ya le remitió otras similares en noviembre de 2016 y en marzo, junio y septiembre de 2017. La última se la envió el mes pasado. El presidente del Consorcio explica en ese escrito que con estas reclamaciones se impide que las deudas acumuladas prescriban, por lo que le exige que abone las suyas y también las relativas a la gestión de sus antecesores en el cargo, los exregidores Mónica Lorente y Monserrate Guillén.
Pineda apunta en su carta que dichas aportaciones constituyen el recurso financiero del Consorcio y, por lo tanto, son vitales para mantener su actividad. Ahora bien, si Orihuela debe 250.909 euros, ¿cuál es la deuda total del resto de ayuntamientos de la Vega Baja? Eso es algo que ni los dirigentes del ente tienen del todo claro. Este diario contactó ayer con el gabinete de comunicación del Consorcio, que no pudo ofrecer ese dato. Lo que sí se dijo es que trimestralmente se envían cartas a los municipios morosos para instar a que paguen.
Todo ello está sucediendo mientras el Consorcio busca fondos para poner en marcha plantas de transferencia de basuras en la Vega Baja para reducir el coste de enviar camiones cargados de residuos a Murcia, Elche, Jijona y Alicante. Además, también se necesitan fondos para habilitar una red de ecoparques y para disponer dos plantas de valorización de residuos y un vertedero. Y mientras el Consorcio ha pedido auxilio a la Generalitat para financiar esas instalaciones, hay ayuntamientos que no pagan lo que les corresponde pero sí exigen soluciones, como sería el caso de Orihuela, que es además uno de los que más desechos genera. Las cuotas que deben aportar los municipios se calculan en función del número de su población. Esos fondos deberían servir para financiar las infraestructuras necesarias y también para costear los gastos de funcionamiento del Consorcio. El presupuesto de este ente para 2018 se aprobó hace unas semanas y asciende a 621.115,61 euros. El documento económico recoge que se destinarán 160.115,61 euros a gastos de personal.
También se ha consignado una partida 458.000 euros para «estudios y trabajos técnicos». Otro de los gastos incluidos en las cuentas es de 36.900 euros para abonar las indemnizaciones que cobran los alcaldes por acudir a las reuniones del Consorcio. Cada uno de ellos ha venido percibiendo 300 euros por acudir a cada encuentro durante los últimos 10 años, aunque en el caso de Orihuela, al menos la pasada legislatura, renunciaban a cobrar esa indemnización.
