La información que ofrece el Ayuntamiento de Callosa de Segura en sus portales online no cumple los estándares exigidos por la Ley de Transparencia. Las actas de pleno no se publican desde abril de 2016, el currículum de los concejales no aparece y los datos sobre las retribuciones a políticos y partidos están desactualizados. Tampoco los gastos de Alcaldía y la agenda institucional se reflejan. El Partido Popular (PP), en la oposición, critica que el tripartito que gobierna el municipio (PSOE, IU y Somos) no sólo no ofrece esos datos que tienen que ser de carácter público, sino que les boicotea el acceso a diversos informes y documentos para impedir su labor de fiscalización.

El grupo popular responsabiliza de toda esta situación al alcalde, el socialista Fran Maciá, de quien dicen que «incumple reiteradamente sus obligaciones dando largas a la oposición y respondiendo a los requerimientos del PP con múltiples imprecisiones arbitrarias e injustas». Los populares aseguran que ya han tenido que recurrir al Síndico de Agravios para quejarse de lo que ocurre y sopesan acudir ahora a los tribunales.

Para explicar la situación que están viviendo, pusieron como ejemplo que el 24 de mayo solicitaron tener acceso a los documentos obrantes en el archivo municipal relativos al Monumento de Reconciliación de los caídos 1936-1939. «El alcalde utilizo una triquiñuela para no denegarnos el acceso contestando que había dado traslado al Archivo y que en cuanto estuviera disponible nos avisaría». Sin embargo, apuntan a que ya han pasado casi cinco meses de eso «y todavía no hemos podido tener acceso a la documentación». Y lo mismo ocurrió el 10 de julio cuando se solicitó mediante varios escritos tener acceso a diversos expedientes como los de las ayudas de emergencia social para mantenimiento de vivienda habitual, el del área de rehabilitación y regeneración urbana, el del cambio de una cubierta de fibrocemento en la carretera de Catral, los de las obras de reparación de la piscina municipal y los expedientes de las viviendas municipales. «Son expedientes que seguimos esperando poder consultar desde hace cuatro meses», se quejan desde el grupo del PP.

«Nos estamos planteando que tal vez sea necesaria la intervención judicial para evitar estos graves comportamientos que infringen groseramente la ley», advierte la oposición.

El PP estima que Fran Maciá «está incurriendo a sabiendas en la comisión de un delito continuado de prevaricación y otro contra los derechos cívicos». Consideran que «las reiteradas artimañas utilizadas para dificultar el acceso a la información de la oposición son comportamientos impropios de un sistema democrático que pueden conllevar la inhabilitación del cargo a las autoridades y empleados públicos implicados en la prestación de dichos servicios».

Aunque el Partido Popular reconoce que el alcalde no les ha denegado nunca expresamente el acceso a los expedientes, expresan que «se puede apreciar el delito de prevaricación por omisión, ya que incumple reiteradamente sus obligaciones».

«Están demostrando que la tan cacareada transparencia era solo un conjunto de frases vacías con las que llenar unos programas electorales sin ideas ni perspectivas reales»,aseveró el PP.