La junta de personal y el comité de empresa del Ayuntamiento de Torrevieja ha rogado al alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) que «dé las órdenes oportunas» para «descongelar» la tramitación y aprobación del convenio colectivo, que afecta a 700 trabajadores. La misiva firmada por la presidenta y el vicepresidente de los representantes de los funcionarios y personal laboral de la administración local recuerda que fue el propio primer edil hace ahora más de un año, el 22 de septiembre de 2016, el que presentó el proyecto de acuerdo-convenio colectivo de los trabajadores y el que un día después compareció ante los medios de comunicación dando la noticia de que el Ayuntamiento lo había aprobado.
La misma fuente recuerda que pasado un año el Ayuntamiento sigue sin tramitar y aprobar ese borrador. El convenio debe sustituir al vigente que se remonta a 1999, con algunas modificaciones realizadas a finales de la pasada década que no se han hecho efectivas formalmente porque esos cambios no se remitieron a la Subdelegación del Gobierno.
El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, a preguntas de INFORMACIÓN sobre esta petición indicó que el desbloqueo no es algo que sea responsabilidad de Alcaldía en este caso. Hace un año el equipo de gobierno y los sindicatos en la junta de personal consideraron que se podía hacer público el acuerdo «porque todos pensamos que lo que quedaba era un trámite».
Sin embargo el borrador no ha pasado el filtro del área de Intervención Municipal. En especial, el que hace referencia a las polémicas ayudas médico farmacéuticas y sociales-educativas, que siguen solicitando y recibiendo los funcionarios desde hace décadas en el Consistorio. Éstas cubren gastos como adquisición de gafas graduadas, tratamientos médicos, ortopedia y dentista-; o ayudas para formación, matrículas universitaria, no solo de los trabajadores municipales, también de sus familiares directos -padres, hijos y parejas que residan en el mismo domicilio-. La intervención municipal considera que esa partida anual debe tener un tope presupuestario por cada petición y en conjunto, y una fiscalización específica más rigurosa, también en los plazos de presentación de las peticiones, para evitar abusos.
En Recursos Humanos
El alcalde, que es edil de Personal, aclaró ayer que ha remitido la petición de la junta de personal al jefe de Recursos Humanos para que la tramite, e insistió en que está en manos de los técnicos y no de los políticos, sacar adelante este convenio. En este sentido, recordó que esos técnicos que cuestionan legalmente el texto son compañeros del resto de funcionarios de la plantilla que esperan un acuerdo.
También explicó que desde que Intervención alertó sobre la supuesta irregularidad del cobro de este tipo de ayudas sociales, algo que sucedió a finales del pasado mandato de Eduardo Dolón (PP), está autorizando con su firma que se abonen, levantando los informes de reparo en contra de Intervención. También indicó que el asunto de las ayudas sociales no es el único en el que está encallado el texto del convenio. Y dijo que son los sindicatos los que deben considerar si ceder en estos aspectos o intentar persuadir a quienes, desde el punto de vista técnico y con la legislación en la mano, no validan el borrador pactado hace un año.
