El juzgado de Instrucción 2 de Orihuela ha citado a declarar al exalcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez, por un supuesto delito de fraude o prevaricación en la contratación de un técnico, según la información a la que ha tenido acceso este diario. Las diligencias se dirigen también contra Francisco Rodríguez, quien fuera concejal de Obras y Urbanismo y contra una tercera persona.
El auto de incoación de diligencias previas se firmó la semana pasada a raíz de una denuncia que se presentó el pasado mes de enero. El pasado junio la Fiscalía solicitó al juzgado el inicio de las diligencias y que se citara a declarar por estos hechos, en calidad de testigos, a miembros del actual gobierno municipal, caso del alcalde, Fran Maciá o del concejal de Hacienda y Contratación, Rubén Manresa. El titular del juzgado quiere tomar declaración, también en calidad de testigo, a la fedataria municipal en abril de 2008, cuando ocurrieron los hechos que son objeto de este procedimiento.
El juzgado ha solicitado también copia de la grabación de un juicio que tuvo lugar el pasado mes de junio en una sala de lo Social de Elche donde precisamente se vio el despido de esta trabajadora a fin de que se aporten estas declaraciones.
Este asunto no es el único que ha salpicado a Javier Pérez en relación a su forma de contratar durante los años que estuvo al frente del Consistorio callosino; de hecho, el que fuera jefe de filas del PP tiene abierta una segunda causa por el contrato de un arquitecto, hechos por los cuales la Fiscalía ha visto indicios de los mismos delitos que ahora: fraude o prevaricación por pagar 311.000 euros a un arquitecto con un contrato que podría ser irregular.
Delitos
Además de este asunto, se conocían otros dos procedimientos pendientes. Una de ellas, pendiente de apertura de juicio, hace referencia a los supuestos delitos de prevaricación, contra la integridad moral de los trabajadores (acoso laboral) y por injurias y calumnias. Todo ello por haber defenestrado de forma presuntamente irregular en 2010 al jefe de la Policía Local y por haber ejercido, supuestamente, acoso laboral contra el funcionario cuando el Consejo Jurídico Consultivo obligó al Ayuntamiento a devolverle su puesto. Se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión y 10 años de inhabilitación para cargo público.
Contrato bajo sospecha
Y la tercera de las causas tiene que ver con la adjudicación de un contrato de 90.000 euros para disponer una red wifi en el municipio. Anticorrupción cree que hay indicios de prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. El fiscal sostiene que existe una relación económica entre la empresa que realizó el trabajo, participada por un hermano del exregidor, y otra mercantil vinculada a Pérez, por lo que se indaga sobre si éste obtuvo algún tipo de lucro. Por su parte, Pérez siempre ha defendido su inocencia en todas y cada una de estas causas.
El diario publicó la semana pasada que por estas tres causas había solicitado que el Ayuntamiento sufragara su defensa, algo que se rechazó en el pleno con el voto de los tres partidos que sostienen el gobierno callosino.
