Quiere que el Ayuntamiento le pague todos los gastos que está afrontando en abogados. El exalcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez, ha dejado la política municipal tras su condena a tres años de inhabilitación por negociaciones prohibidas, pero sigue teniendo cuentas pendientes con la justicia. En concreto, son tres causas en las que se está acusado de diversos delitos cometidos supuestamente durante el ejercicio de su función como primer edil durante 12 años. Pérez considera que todos esos procesos se han derivado de su trabajo al frente del Consistorio y se apoya en diversa jurisprudencia para defender que tiene derecho a recibir las oportunas indemnizaciones.
La petición de Pérez será uno de los asuntos que se debatirá en la sesión plenaria prevista para hoy. Todo apunta a que los concejales del tripartito compuesto por el PSOE, Izquierda Unida y Somos votarán en contra de esa propuesta. Ahora bien, habrá que ver qué hacen los siete concejales grupo municipal del PP. En definitiva, todos ellos concurrieron a las elecciones en una lista liderada por Javier Pérez, si bien desde hace más de un año, con la condena del exregidor, las relaciones entre muchos de ellos están rotas. El exregidor no se ha mordido la lengua y ha acusado públicamente a algunos de sus excompañeros de no apoyarlo cuando el partido decidió expulsarlo con unas maniobras que él mismo tildó de irregulares.
Las causas por las que está siendo investigado Javier Pérez son tres, mientras que una de ellas está ya pendiente de que se fije la fecha para la celebración de juicio oral. El exalcalde volverá al banquillo de los acusados para ser juzgado por prevaricación, contra la integridad moral de los trabajadores (acoso laboral) y por injurias y calumnias. Todo ello por haber defenestrado de forma presuntamente irregular en 2010 al jefe de la Policía Local y por haber ejercido, supuestamente, acoso laboral contra el funcionario cuando el Consejo Jurídico Consultivo obligó al Ayuntamiento a devolverle su puesto. Se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión y 10 años de inhabilitación para cargo público.
Contrato bajo sospecha
En otra de las causas está investigado por fraude y prevaricación por pagar 311.000 euros a un arquitecto con un contrato que podría ser irregular. El tercero de los asuntos tiene que ver con la adjudicación de un contrato de 90.000 euros para disponer una red wifi en el municipio. Anticorrupción cree que hay indicios de prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. El fiscal sostiene que existe una relación económica entre la empresa que realizó el trabajo, participada por un hermano del exregidor, y otra mercantil vinculada a Pérez, por lo que se indaga sobre si éste obtuvo algún tipo de lucro. Por su parte, Pérez siempre ha defendido su inocencia en todas y cada una de estas causas.
