La Cámara de Comercio de Orihuela sustanció ayer en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche la demanda interpuesta el pasado mes de mayo contra el Ayuntamiento por la deuda de 297.000 euros que mantiene con la entidad por trabajos realizados, pero no pagados, por el Consistorio. Este diario ha tenido acceso a la documentación adjunta a la demanda entre la que se encuentra la aportada por el Ayuntamiento de Orihuela. En esta documentación figura un informe técnico que hasta ahora no había sido desvelado ni por el anterior equipo de gobierno, con Antonio Zapata (PSOE) como alcalde accidental, ni en los más de dos años que gobierna Emilio Bascuñana (PP), quien ha repetido, cada vez que se le ha preguntado por el pago de esta deuda a la Cámara de Comercio, que existían reparos por parte del ex interventor, Fernando Urruticoechea, que impedían pagar el dinero adeudado. Pues bien, ese informe, fechado el 18 de enero de 2015, sólo 10 días después de que Zapata pidiera a la técnico su realización, tiene unas conclusiones que no dejan lugar a dudas. La técnico discrepa de los reparos y da luz verde a levantarlos porque «se ha procedido a justificar al Ayuntamiento, a la finalización del programa, el importe de los gastos efectivamente ejecutados».
El interventor paralizó en diciembre de 2014 el pago de una subvención en concepto de «Servicios de proximidad para la pequeña y mediana empresa» por un importe de 6.652 euros, dentro del programa de Antenas que promovía el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de España. Un día más tarde del reparo de ilegalidad, el Urruticoechea hacía otro similar que bloqueó pagar a la Cámara oriolana servicios prestados en 2013 y 2014 por 17.400 y 47.953 euros, respectivamente, para el fomento de iniciativas comerciales y del desarrollo económico.
La suma de los tres reparos hace un total de 72.005 euros. El entonces alcalde Zapata pidió a la técnico de comercio que emitiera un informe con la procedencia o improcedencia de estos reparos de Intervención, concluyendo que «discrepaba» de todos ellos anulándolos y posibilitando el levantamiento de los mismos y, por tanto, el pago bloqueado por el interventor. Algo que ni hizo el regidor socialista ni lo ha hecho en dos años el actual alcalde del PP.
Además, tras revisar la documentación aportada al juzgado por el Consistorio, el resto de dinero que se le debe a la entidad cameral, 225.000 euros, no cuenta con ningún tipo de reparo y debería haber sido abonado en su día a la Cámara.
Reuniones
El Ayuntamiento de Orihuela ha ocultado así durante más de dos años y medio la existencia de ese informe técnico que desmontó los reparos de Intervención. En las numerosas reuniones que los representantes de la Cámara de Comercio han tenido con el regidor Emilio Bascuñana éste les trasladó que no podía hacer nada para pagar la deuda por la existencia de esos informes de reparo, sin especificar la cantidad sujeta a esos reparos y obviando la existencia del informe de la técnico de comercio. Ni siquiera cuando el presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Mario Martínez, anunció en mayo la demanda contra el consistorio oriolano, el alcalde quiso pronunciarse.
El hecho reviste cierta gravedad porque de haber pagado el Ayuntamiento los cerca de 300.000 euros pendientes, la Cámara de Comercio de Orihuela podría haber evitado la situación de quiebra que a punto estuvo de hacerla desaparecer el pasado año. Gracias a los tres únicos empresarios que quedaban en el comité ejecutivo de la Cámara, en octubre de 2016 decidieron asumir su gestión, como marcan los estatutos, para evitar que una gestora interviniera para hacer efectiva su desaparición tras 115 años.
Los planes de la Cámara de Comercio de Orihuela pasan ahora por asumir nuevos planes para empresas no sólo de la localidad sino de otras cercanas, gracias al convenio firmado hace unos meses con la Cámara de Comercio de Alicante. Y cobrar esa deuda, que a tenor de la documentación presentada ante el juzgado, no será difícil ganar y, ojo, porque el Ayuntamiento además se enfrenta al pago de intereses.
Según fuentes cercanas a la entidad cameral oriolana, los demandantes podrían llamar a declarar a los alcaldes y ediles de Comercio que han ocupado sus cargos desde enero de 2015.
