La trama de inmigración desvela la falta de control en la Oficina del Censo

El funcionario jefe de ese departamento atribuyó en su declaración ante la Policía Nacional a las limitaciones de personal la forma de tramitación de las reagrupaciones familiares: todos sus funcionarios tenían acceso al sistema informático con los datos censales para realizar las hojas de inscripción, pero sin que apareciera quién lo cumplimentaba -el municipio sigue sin instaurar la firma electrónica-. Finalmente era rubricado por el jefe de departamento y la secretaria municipal.

Este funcionario, la secretaria general, y la oficial mayor -como sustituta puntual de la secretaria- fueron a declarar ante los agentes de la Policía en el mes de abril en el marco de la operación de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional, que con la actuación descubrió la introducción ilegal de medio millar de inmigrantes en España, la mayoría de origen magrebí, y que se pudieron demostrar el reagrupamiento familiar de forma supuestamente fraudulenta en Torrevieja.

La red cobraba a extranjeros por contratos de alquiler falsos para empadronarse -se descubrieron varios casos de pisos en los que aparecían censados una docena de residentes-. Los interesados pagaban 300 euros al mes por el documento que acreditaba el alquiler fraudulento. Con ese documento falso acudían a la oficina del censo y tramitaban el reagrupamiento familiar. En esa operación se arrestó 130 personas, entre ellos a 16 responsables de agencias inmobiliarias.

Llamados a declarar

Los funcionarios fueron citados bajo la fórmula denominada «detención policial», amparada en el marco de la investigación, y no por orden judicial; y acudieron a declarar con posterioridad, el 21 de junio, al juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja, en calidad de investigados. Las preguntas de los agentes se centraron en conocer el funcionamiento de la oficina censal, cómo no se identificó que en la misma vivienda se realizaban inscripciones colectivas fraudulentas , y si las firmas finales que figuraban en los documentos de los funcionarios. La secretaria general, Pilar Vellisca, a preguntas de los agentes, explicó que el responsable máximo es el jefe de Recursos Humanos, Antonio Marí. Dijo que los informes se realizaban por personal de la oficina, sin que aparezcan identificados por el sistema, y que ni tan siquiera tienen acceso directo al sistema informático del censo.

Los equipos informáticos sí cuentan con una clave de acceso individual, aclaró. En las diligencias que han trascendido sobre esta operación, iniciada hace casi dos años, no aparecen funcionarios de base de la Oficina del Censo investigados, y este diario no tiene constancia que se hayan intervenido los equipos informáticos para rastrear quiénes realizaron los informes, sin comprobar supuestamente que en la mismas casas aparecían muchas personas inscritas en el censo.

La secretaria aclaró después en el juzgado que el padrón «hace fe de la vecindad de una persona», y el Ayuntamiento «no certifica lo que ocurre en la vivienda». Marí explicó que para facilitar los procedimientos y por la falta de plantilla todos los empleados tenían acceso a los datos censales. Los agentes le advirtieron que el Ayuntamiento debería certificar que para empadronamientos colectivos debería haberse comprobado que no había varias hojas censales para una misma vivienda. La oficial mayor matizó que la firma que le habían enseñado como propia los agentes no era la suya. Es la UCRIF de la Policía la que figura como denunciante, no el Ayuntamiento.

«De oficio»

Este diario intentó sin éxito que el primer edil José Manuel Dolón y los funcionarios se pronunciaran sobre este asunto. Dolón aseguró en su día que fueron llamados de «oficio». Algo que contrasta con las diligencias. El Ayuntamiento no ha anunciado si tiene intención de personarse en el procedimiento, como ha hecho en otros procedimientos relacionados con la gestión de anteriores mandatos.