La construcción de la Plaza del Mercat de Guardamar del Segura le podría salir muy cara al Ayuntamiento. El juzgado de lo contencioso administrativo Número 1 de Elche ha condenado al Consistorio a pagar una indemnización de 9.677.462 euros al concesionario del parking ubicado bajo ese espacio público. La administración local ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para tratar de aminorar esa cantidad, que supone más de la mitad del presupuesto anual y significaría un duro varapalo para la estabilidad económica del municipio.
La sentencia inicial que condenó al Ayuntamiento y dio la razón a las empresas Ingepark y Gespark se falló en marzo de 2012 y el Consistorio no la recurrió, por lo que aceptó su responsabilidad. Los hechos que se juzgaron se remontaban años atrás. Fue en 2002 cuando la administración local firmó un contrato para la construcción de un aparcamiento en la citada plaza y sobre él un edificio con espacios comerciales y cines, con una concesión de 75 años. En 2006 el PSOE modificó el acuerdo para que se levantase en ese espacio el Casal de la Música, con el pretexto de que no se podían edificar locales comerciales en terreno público. La empresa adjudicataria recurrió esa decisión y, finalmente, un juez falló que se debía indemnizar a la mercantil en concepto de lucro cesante por el dinero que dejaría de ingresar debido a que sin cines y sin zona comercial, el parking tendría menos usuarios.
Informe
Pues bien, lo que desde hace cinco años y hasta ahora se ha tratado de determinar es cuánto tiene que pagar el Ayuntamiento a las empresas. Ingepark y Gespark reclamaban 16 millones de euros y el Consistorio encargó un informe externo que calculó ese lucro cesante en 1.121.000 euros. El juzgado por su parte solicitó un tercer informe pericial, que es el que fijó esa indemnización en 9.677.462 euros. Es el que el juez ha dado ahora por bueno, dictando un auto en el que ordena al municipio el pago de esa cantidad.
El Ayuntamiento ha recurrido ese auto alegando que el peritaje presentando carece de criterios exactos para determinar esa cuantía. El alcalde, José Luis Sáez (PSOE), dijo ayer que desde el gobierno municipal «podemos estar de acuerdo en que se pague un lucro cesante, pero nunca esa cantidad». El regidor dijo que el Ayuntamiento está «dispuesto a luchar hasta el final» para tratar de reducir esa compensación y valoró que también habrá que «llegar hasta las últimas consecuencias y buscar a los responsables».
Precisamente la búsqueda de culpables sobre toda esta situación ha sido una de las causas que ha enfrentado a socialistas y populares en la última década. La exalcaldesa Marylène Albentosa defendió en su día que el PP fue el responsable de este problema. Señaló que inicialmente se estipuló que se podían dotar 230 plazas de aparcamiento y 1.200 metros de zona comercial, pero finalmente se modificó y se elevó el número de plazas a 240 y los metros de zona comercial a 4.500 metros a través de un edificio de cuatro alturas. Albentosa dijo entonces que no se podía realizar una zona comercial en una plaza de suelo público y por eso se introdujeron las modificaciones en el proyecto. Y fueron esas modificaciones las que, según el PP, fueron el detonante de toda esta situación. Desde el PSOE, por su parte, culparon igualmente a Verdú de que cuando en 2012 llegó la sentencia, mientras ella era alcaldesa, el Ayuntamiento decidió no presentar ningún tipo de recurso, aceptando así una responsabilidad que muchos ponen en duda.
Lo que todos tienen claro es que de confirmarse la obligatoriedad del pago de esos 9,6 millones de euros, habrá que hacer importantes ajustes para poder encajarlo en las cuentas municipales, cuyo presupuesto anual ronda los 16 millones de euros. Mientras el final de esta historia está por escribir, el debate promete seguir latente.
