La portavoz popular en el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, Carmen Verdú, anunció ayer que solicitará la apertura de un expediente para depurar responsabilidades entre quienes gestionaron la construcción y puesta en marcha del parking de la Plaza del Mercat. Ello tras conocer que el juzgado de lo contencioso administrativo Número 1 de Elche ha condenado al Ayuntamiento a pagar una indemnización de 9.677.462 euros al concesionario del aparcamiento.
La concejala acusó ayer al alcalde, José Luis Sáez, de haber estado «escondiendo» ese auto judicial desde mayo y dijo que los vecinos se han tenido que enterar de este hecho tras la publicación realizada por INFORMACIÓN. Según la versión de Verdú, el proyecto original contemplaba la construcción de un parking y, sobre él, una zona comercial, con cines y cafetería. Eso se diseñó así en 2002, bajo mandato del regidor Francisco García (PP). Según dijo ayer, fue en 2006 cuando la socialista Maryléne Albentosa modificó el proyecto para suprimir esos espacios y para «recuperar para el interés público una zona supuestamente privatizada por el PP». Finalmente se acabó construyendo sobre el parking el Casal de la Música y la empresa concesionaria del aparcamiento recurrió a los tribunales. Fue en 2012 cuando llegó la sentencia, que estimaba que se debe de indemnizar al adjudicatario en concepto de lucro cesante, ya que sin esos espacios de cine y comerciales proyectados, tendría menos clientes.
Carmen Verdú defendió ayer que esa sentencia no se recurrió porque «existen informes en los que los servicios jurídicos municipales estimaron que las posibilidades de que prosperase el recurso eran mínimas». La edil dijo que los juristas pensaron en «mantener una actitud de diálogo con la empresa para negociar y que el cálculo y la forma de pago fuera asumible a las maltrechas arcas municipales heredadas de los dos gobiernos de Albentosa».
La concejala consideró que «todo esto salpica a los vecinos y habrá que pedir responsabilidades a quien en su día dio el visto bueno a la adjudicación de un contrato que nos condena a pagar ésta millonada. Alguien tendrá que responder de todo esto, y no solo a nivel moral y ético», prosiguió.
Minorar el lucro
La exalcaldesa aseguró que durante el pasado mandato se trató de luchar para minorar el lucro que pedía la empresa, que ascendía a16 millones de euros. Para ello se encargó un estudio externo que calculó el lucro cesante en 1.121.000 euros; también se negoció con la empresa el pago, por sentencia de 2014, de la estructura valorada en 947.185 euros a pagar en 10 años, de los que se pagan 92.000 euros anuales, y también se consiguió que Gespark no impugnara el presupuesto municipal.«Así pues, quedaba el lucro cesante, que el pueblo ahora conoce a través de la Prensa y no por su alcalde. Algo que tendrá que explicar, por qué las tropelías y caprichos de Albentosa salen caros, y cuánto va a tener que pagar cada guardamarenco con sus impuestos», prosiguió la edil.
