El parque público infantil de Las Norias, en la pedanía oriolana de Desamparados, es el único de la localidad al que no se puede acceder. Todo, desde que el propietario del suelo donde se instaló en el año 2011 lo vallara para evitar el acceso al mismo. El dueño del solar, José María Pérez, justifica su decisión tras llevar años reclamando que el Consistorio cumpliera con lo acordado en su día que era un alquiler de 1.100 euros anuales, el relleno de zahorra y la construcción de un pequeño almacén que sustituyera al que el Consistorio derribó para instalar los juegos infantiles. Seis años y tres alcaldes después, sus reclamaciones siguen sin tener una respuesta satisfactoria. «Me han engañado todos y ahora tengo aquí un parque que no quiero para nada y cuyo alquiler le ha salido gratis al Ayuntamiento durante años, porque nunca me lo han pagado», se lamenta Pérez.
La historia se remonta a 2011. El entonces pedáneo de Desamparados convenció a José María Pérez, vecino de esta partida rural, para que cediera al Ayuntamiento el solar donde tenía un almacén con maquinaria agrícola, junto a las antiguas Escuelas, para construir allí un parque infantil. A cambio, tal y como llegó a firmar, recibiría 1.100 euros anuales por el alquiler del terreno, se levantaría en la zona un pequeño almacén que sustituyera al que tenía e, incluso, el parque recibiría el nombre de su padre que había fallecido recientemente y era muy conocido en esta pedanía.
Las obras se realizaron, se instalaron juegos infantiles y suelo de caucho y bancos en la zona, se inauguró en mayo de 2011, siendo alcaldesa la popular Mónica Lorente. Sin embargo, pocos días después, el PP perdió la mayoría absoluta en las elecciones municipales y el gobierno municipal pasó a una coalición formada por PSOE, Los Verdes y CLR-Claro.
Todas las promesas quedaron entonces en agua de borrajas. Allí empezó el calvario de este vecino de Desamparados, que llamó a todas las puertas del Ayuntamiento, incluida la del regidor, Monserrate Guillén (Los Verdes). Sólo consiguió que Guillén le planteara el pago de un alquiler de 1.000 euros anuales (inferior a lo prometido) pero no recibiría nada por lo que había dejado de percibir durante el tiempo que llevaba construido el parque. No lo aceptó y se negó a firmar el acuerdo. Lo volvió a intentar con el que fuera alcalde accidental al final de la legislatura 2011-2015, el socialista Antonio Zapata (PSOE), pero el resultado fue el mismo.
Con el gobierno actual, liderado por Emilio Bascuñana (PP), parecía que la solución a su calvario iba a llegar. La edil Noelia Grao intermedió en las conversaciones entre el propietario del solar y los responsables municipales, quienes le pidieron toda la documentación y le aseguraron que lo resolverían en unos días. Sin embargo, hasta hace 6 meses no recibió ninguna respuesta y, cansado de esperar, decidió vallar todo el recinto y que sólo su familia y él pudieran disfrutar de las instalaciones de juegos infantiles. «Al final me llamaron para decirme que no me iban a hacer el almacén y que me pagarían el alquiler y yo les pedí también que abonaran lo no pagado y los perjuicios, lo que acordamos en 26.000 euros, que se comprometieron a darme a plazos, en cinco años».
Expropiación
Hace cinco meses, sin embargo, en una reunión con varios concejales del gobierno oriolano, le indicaron que el Consistorio no podía asumir ese gasto y que estaban estudiando comprarle el parque o expropiarle. Era la primera vez que oía hablar de esa idea, pero no iba a ser la última. «Me dijeron que podrían expropiarme y hace 15 días recibí la llamada de Noelia Grao diciéndome que era la opción que más peso estaba tomando y me pidió que mi abogado se pusiera en contacto con el letrado del Ayuntamiento», explica José María Pérez. «Si dicen de expropiarme, tendrán que pagarme».
Este vecino ha hablado con los diferentes grupos políticos de Orihuela, tratando de que el Ayuntamiento asuma el alquiler y el pago de los retrasos para reabrir el parque infantil. Para la portavoz socialista, Carolina Gracia, «es una de las herencias recogidas de la legislatura de Mónica Lorente y vemos un difícil arreglo con esto porque no hay un documento oficial en el que se señale el alquiler».
