La magistrada del Juzgado Número 2 de Orihuela señala en un auto del 17 de junio que tras practicar las diligencias iniciales existen «indicios suficientes sobre la participación de Juan C. LL., su mujer y el exalcalde, Aurelio Albero (PP)», en los hechos que se enmarcan en este procedimiento y que dirige contra ellos tres por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El informe de la Fiscalía fechado cinco días antes apuntaba que en la denuncia del Ayuntamiento se manifestaban «una serie de irregularidades hipotéticamente perpetradas por Aurelio Albero cuando ejercía sus funciones como alcalde concernientes a la contratación y pago de los servicios» al excontable. En concreto, se acusaba a Albero de prevaricar por haber contratado al beneficiario de las transferencias irregulares de forma ilegal y lo responsabilizaba de haberle atribuido funciones que solo podría desempeñar un funcionario con habilitación de carácter nacional.
La relación laboral con el asesor duró casi dos años. En un principio, Albero acordó unilateralmente su contratación por 25.768,82 euros anuales y después la corporación obligó a rescindir, aunque el vínculo laboral se mantuvo como autónomo, facturando hasta 3.186 euros al mes. En la denuncia se expone que primero fue contratado ilegalmente por no contar con autorización del pleno y después por superar la cuantía de 18.000 euros al año sin tener contrato. El exalcalde Albero declaró ayer a este diario que el excontable «no estaba contratado y solo prestaba el servicio de contabilidad». Dijo que nunca hubo reparos del secretario al pago de su sueldo y defiende que no hubo irregularidades.
