Son las cosas que pasan en el Ayuntamiento de Torrevieja. Un departamento no sabe lo que hace el otro, y viceversa. Los tres establecimientos situados en primera línea de costa entre Rocío del Mar y Punta Prima a los que le ha llegado una orden de cierre por no contar con licencia de obra, ni actividad, pagan religiosamente ocupación de vía pública para instalar mesas y sillas, al menos, desde hace ocho años. Según ha explicado a INFORMACIÓN el gerente de dos de los tres locales afectados por esa resolución, acaba de abonar 8.000 euros por los meses de temporada alta para cada uno de ellos. Durante los últimos ocho años se ha abonado puntualmente esa tasa municipal, que además requiere presentar el justificante de un seguro de responsabilidad civil y daños, sin que nadie del Ayuntamiento les advirtiera de que estaban realizando actividad ilegal alguna. Algo que la propiedad demostró a este diario con una copia de los justificantes de pago de este año.
La misma fuente asegura que el caso de sus dos locales ha presentado también todos los años una solicitud de declaración responsable para abrir el local. Los tres bares playeros tienen hasta este viernes para alegar la orden de cierre. Lo más probable es que reclamen una ampliación del plazo para presentar más documentación que justifique su actividad.
Los empresas afectadas emplean en temporada alta -entre junio y septiembre- a 25 personas en estos establecimientos, y se preguntan por qué el área de Actividades ha planteado estos expedientes de clausura justo en el inicio del verano, cuando más daño les puede hacer, en caso de que las alegaciones no prosperen y el cierre se lleve a cabo. Las mismas fuentes invitan a Urbanismo y Actividades, a cargo de Fanny Serrano (PSOE) , a comprobar la situación legal de otros establecimientos en Torrevieja, aseguran, en su misma situación ,y para los que se no se ha emitido orden de clausura.
También recuerdan que Serrano no respondió a un recurso de la empresa en julio de 2015 cuando el anterior concejal de Actividades, Francisco Moreno (PP) ordenó inició un procedimiento de clausura. La empresa, que cuenta con un local junto a la cala Piteras y otro en Punta Prima, está dispuesta a realizar todos los trámites necesarios para mantener su actividad, en caso de que presenten deficiencias, pero pide un margen de actuación hasta septiembre. La Concejalía de Urbanismo insiste en que los tres chiringuitos carecen de autorización. Es muy difícil que pudieran obtener dado que están situados en suelo no urbanizable, tal y como ha certificado un técnico municipal. Para Urbanismo, que asegura que la inspección surgió después de que un empresario solicitara licencia para urbanizar una parcela anexa a los locales, el hecho del abono de tasas no implica que los negocios tengan un derecho adquirido, ni los legaliza. El Ayuntamiento no pudo aclarar ayer si en el departamento de Ocupación de Vía Pública, a cargo de Javier Manzanares (PSOE), debe comprobar si los locales a los que se cobra la tasa tienen licencia.
