El polémico bar construido sobre el parque de La Alameda de Dolores ya está cerrado a cal y canto. El Ayuntamiento ha desahuciado al concesionario del negocio por adeudar más de 12.000 euros a la administración local por canon impagado y otros conceptos. Ahora el Consistorio no sabe si lo podrá volver a sacar a licitación dado que dicho inmueble, levantado en zona verde, se amplió de forma irregular. Los hechos están siendo investigados por un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, ha solicitado cuatro años de cárcel para el exalcalde Gabriel Gascón y lo mismo para el pariente suyo que resultó ser el adjudicatario del negocio.
El regidor de Dolores, Joaquín Hernández, explicó que desde el Ayuntamiento se inició un proceso judicial para reclamar el dinero adeudado por el concesionario del negocio hace más de un año. Como la cuestión no se resolvió de forma favorable para el Consistorio, que no ingresó el dinero, se instó al gerente a abandonar las instalaciones, pero hizo caso omiso. Finalmente ha hecho falta una resolución judicial para que se decidiera a salir de la propiedad.
Ahora que el Ayuntamiento ha conseguido recuperar la construcción no sabe bien qué podrá hacer con ella. El procedimiento judicial abierto por la ampliación ilegal deja demasiadas dudas y el regidor asegura que no se volverá a sacar a licitación sin autorización judicial. La cuestión, según Hernández, es que no se puede iniciar un nuevo proceso de adjudicación de una superficie que según la Fiscalía se construyó de forma ilegal sobre una zona verde, un proceso mediante el que se cometieron presuntos delitos contra la ordenación del territorio, fraude y prevaricación. De hecho, todavía no se sabe si habrá que derribarlo.
Los hechos investigados se remontan a 2008, cuando un técnico municipal, a instancias del exalcalde, presentó el proyecto de obra de un kiosko en el citado parque con unas dimensiones de 82,40 metros en las que la edificación debería de ocupar un máximo de 49,25 metros conforme a las normas establecidas en el Plan General. Pues bien, en su escrito de acusación la Fiscalía dice que en dicho parque ya se habían construido con anterioridad unas gradas con vestuarios y aseos que forman parte del polideportivo y, por tanto, no se podía edificar nada más porque el espacio restante debería dedicarse exclusivamente a zona verde.
El proyecto se llevó a pleno y fue aprobado con el voto favorable de Gabriel Gascón «siendo consciente de que el mismo conculcaba gravemente la legislación urbanística en vigor», según el fiscal. La explotación del negocio se adjudicó en junio de 2008 a un familiar del entonces regidor. Meses más tarde el arrendatario realizó una ampliación irregular, sin ningún tipo de licencia, aumentando la superficie en 62 metros.
El Ayuntamiento inició después un trámite para intentar adquirir esa superficie y que pasara a ser propiedad municipal. Pero el grupo Renovación, en la oposición, denunció los hechos, Gascón perdió la Alcaldía al prosperar una moción de censura y se inició la investigación judicial.
