El equipo de gobierno le dio ayer un «balón de oxígeno» a un asunto judicial que estaba liquidado por completo. El que fue bautizó como «escándalo de los móviles» todavía colea, más de cuatro años después de que se diera a conocer que una total falta de control con la que políticos, asesores y algunos funcionarios hacían uso de los terminales de móvil pagados con el erario en el Ayuntamiento de Torrevieja.

Y es que la administración local ha iniciado ahora un procedimiento administrativo para reclamar a ediles, exediles y exasesores del Partido Popular (PP) el reintegro a las arcas municipales del gasto por llamadas particulares que hicieron con móviles municipales durante el mandato anterior. Así lo anunció ayer la edil portavoz de la junta de gobierno, Fanny Serrano (PSOE), que ha dado cuenta, en rueda de prensa, de una notificación del juzgado de Instrucción 5, con sello de entrada este mes en Alcaldía, en el que se le recordaba al municipio que podía iniciar este procedimiento administrativo, una vez que el judicial fue archivado definitivamente en septiembre del pasado año 2016, en el momento en el que do denunciados estaban en la fase de calificación previa al juicio.

El escrito informa a la administración local de que puede actuar «por si en vía administrativa procede el cobro de las cantidades a las que ascendieron los gastos de teléfono pagados por el Ayuntamiento para uso particular» realizados. Según la concejala el juzgado cita textualmente como posibles responsables a los exediles Daniel Plaza (que tuvo que renunciar al cargo tras conocerse el tipo de llamadas particulares que realizaba con el terminal municipal), Javier Montoro, José Manuel Pizana, los exasesores Juana López y Graham Knight, y el actual edil popular, Eduardo Gil Rebollo. La información sobre los elevados gastos de móvil de algunos ediles -600 euros al mes en algunos casos, dado que el servicio se prestaba sin contrato y no había tarifa plana, y las llamadas a todo tipo de servicios ajenos a la función pública- se dieron a conocer a finales de 2012. A principios de 2013 la oposición, hoy en el gobierno, interpuso una denuncia en la Fiscalía por el uso privado de líneas de móviles públicas por parte de concejales del entonces equipo de gobierno del PP.

Tras iniciarse una investigación por parte de la Guardia Civil a instancias del juzgado, y tomarse declaración a varios cargos públicos, el juzgado archivó la causa, tres años después, asegurando que no se podía certificar que se había provocado «un grave quebranto a las arcas públicas» por ese uso, aunque sí que se había constatado que los ediles habían usado los móviles con gasto del erario para llamadas privadas -en algunos casos con más de 3.000 euros en llamadas en un periodo de un año-

Iniciar el expediente

La edil ha matizado que una vez que la interventora ha analizado el escrito no considera requiera un expediente de «reintegro por causa indebida, si no por otras causas», no obstante «el Ayuntamiento ha dado la orden de depurar las responsabilidades e iniciar el expediente». «Tenemos que ver cuánto gastó cada uno de ellos y comprobar si se han devuelto cantidades, como en su día comunicó cada uno de ellos y ver si está todo liquidado». «Vamos a cumplir el trámite que amablemente nos recomienda el juzgado», aseguró.