El empresario Ángel Fenoll, sus hermanos Ramón y José, sus sobrinos Ginés y Ángel Javier, y dos empleados de Proambiente, están a un paso de sentarse en el banquillo por presuntos delitos continuados contra los recursos naturales y el medio ambiente relacionados con el vertedero que la familia posee entre Abanilla y Orihuela. Se les acusa de haber vertido basura fuera de las zonas autorizadas durante años, saltándose las resoluciones judiciales dictadas, afectando a 44 hectáreas de Lugar de Interés Comunitario (LIC), a hábitats de interés y a una Zona de Especial Protección para las Aves, «Serres del Sud d'Alacant».
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Cieza, tras culminar la fase de instrucción, ha dictado una providencia para la presentación de los escritos de acusación. El primero ha sido el de la Plataforma Vertivega que pide la apertura de juicio y solicita penas de prisión para los siete investigados (antes imputados) que suman 42 años -6 para cada uno- a los que se añade Proambiente como persona jurídica. Además, solicita una multa para cada uno de 27.000 euros y su inhabilitación. El escrito de acusación, de 27 páginas, dirigido por el letrado Luis Miguel Cartagena, y al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, argumenta todas las supuestas irregularidades del polémico vertedero desde 2005 y las numerosas denuncias que se han presentado hasta su clausura. La mercantil está en fase de liquidación.
Quedan aún por entregar a la juez que instruye la causa el resto de escritos de acusación, entre los que se encuentran el del Ayuntamiento de Abanilla, el de Ecologistas en Acción, el de la Región de Murcia y el la Generalitat.
Daños
El escrito de acusación que presente la Generalitat será muy significativo ya que deberá cuantificar el coste de los trabajos de recuperación de la zona afectada dentro de la Comunidad Valenciana por la actividad ilegal del vertedero. La vecina comunidad murciana sí los cuantificó en su día y ascienden a 4.815.271 euros por la restauración completa, la gestión final de los lixiviados, las medidas postclausura y la compensación, de los que se garantizó en 2013, un total de 3.305.933 euros, sin contar, como señala Vertivega en su escrito, «el daño irreparable a la flora, fauna y hábitats, así como la contaminación atmosférica, acuíferos y subsuelo», daño por el que el juzgado de Cieza ya obligó a garantizar más de 2 millones de euros a Proambiente.
Sin embargo, para la plataforma vecinal, no es una cantidad suficiente y solicita que se amplíe la fianza en otros 3 millones de euros, ya que la Comunidad, también afectada por los trabajos de restauración, no ha podido afianzar aún el coste de los daños.
La magistrada, en su auto, considera que existen indicios de que, pese a contar con autorización para realizar vertidos en los vasos 1, 2 y 3, se excedieron «invadiendo en gran medida» la zona protegida de la Sierra de Abanilla. Además, los responsables del vertedero abrieron otros dos vasos, el 4 y el 5, y otros enclaves de vertidos, sin licencia y vertieron unas 100.000 toneladas de residuos sin procesar que produjo lixiviados.
