Otro palo en la rueda del carro de las inversiones. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Generalitat a pagar 9,5 millones de euros a la unión de empresas formada por Construcciones y Estudios, Luis Batalla, Rover Alcisa, y Torrescámara en concepto de indemnización por la rescisión en julio de 2012 del contrato para construir la autovía CV-95 y agilizar así la circulación de vehículos en la costa de la Vega Baja. La Conselleria de Infraestructuras, entonces dirigida por la popular Isabel Bonig, anuló de manera unilateral el proyecto (466,7 millones de euros) que había adjudicado en 2007 y nunca se recuperó.
Las empresas solicitaron una indemnización por la vía administrativa pero el Consell miró hacia otro lado, y en 2014 el tema llegó al Juzgado en forma de denuncia por la que la unión temporal de empresas pidió 16,4 millones de euros. Ahora la sentencia cifra la condena en 9,5 millones de euros e hipoteca un poco más al actual equipo de la conselleria, dirigido por María José Salvador, en sus proyectos de infraestructuras. El Consell va a recurrir al Tribunal Supremo pero la condena supone un nuevo revés para las ya delicadas finanzas de la Conselleria de Vertebración del Territorio, que lleva prácticamente todo el actual mandato pagando facturas de su antecesora, la líder del PP, Isabel Bonig.
La falta de liquidez del actual Consell, lastrado por las deudas, mantiene paralizados, por ejemplo, dos proyectos estratégicos para Alicante como son las infraestructuras para repartir el agua del Júcar por la margen izquierda del río Vinalopó, desde Monforte del Cid a la huerta de Alicante y el túnel de la Serra Grossa del Tram, clave para aumentar la frecuencia del tranvía (800.000 pasajeros en abril).
La CV-95 tiene una longitud de 28 kilómetros y sustituyó a las anteriores carreteras C-3323 que unía Orihuela y Rojales, la carretera provincial A-332 que enlazaba Bigastro con San Miguel de Salinas y la A-351 que conectaba San Miguel de Salinas con Torrevieja. El trazado de la autovía anulada seguía por el mismo corredor de la carretera actual, si bien se ejecutaba totalmente en variante, hasta el enlace de la actual CV-95 con la autopista AP-7, en «Los Balcones». Torrevieja. Una carretera autonómica que iniciaba su recorrido en la población de Orihuela, y a continuación pasaba por Bigastro y San Miguel de Salinas, finalizando su recorrido enlazando con la N-332 en Torrevieja.
La decisión de no resolver expresamente la petición de indemnización se mantuvo por parte de Isabel Bonig hasta el final de su mandato en la Conselleria de Infraestructuras, a pesar de que el mes de diciembre de 2014 el Consell Jurídic Consultiu emitió un dictamen recordando que debía iniciar el expediente de revisión de oficio de los actos de licitación, adjudicación y resolución del contrato (incluyendo el que ella había firmado el año 2012), dado que los mismos eran nulos de pleno derecho, ya que había sentencias de los tribunales que lo habían previamente declarado así en sentencias firmes, según refleja la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
El nuevo equipo de la Conselleria inició la revisión de oficio de dichas decisiones, que culminó en una resolución de la consellera María José Salvador que ha declarado dicha nulidad. A pesar de ello, el pasado 21 de marzo el TSJCV dictó sentencia condenando al pago de una indemnización por importe cerca de 9,5 millones.
La Generalitat ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, y a falta de la decisión del TS, lo cierto es que la rescisión del contrato ha supuesto no sólo la renuncia definitiva a la ejecución de una infraestructura pública viaria que vienen reclamando amplios sectores sociales de la comarca de la Vega Baja sino la obligación de pago de la indemnización.
