El juzgado de lo contencioso administrativo de Elche ha desestimado el recurso interpuesto por una de las propietarias de las casas de la playa Babilonia, que alegó en contra del decreto con el que en 2015 se ordenó el cierre de cerca de 600 metros de zona de baño al considerar que no estaba garantizada la seguridad. La sentencia respalda pues que la actuación realizada por el Ayuntamiento, y en concreto por la edil de Playas, Ana Martínez, fue ajustada a derecho.

En el fallo judicial se desmontan uno a uno todos los argumentos expuestos por la recurrente. La misma dijo que la resolución se había dictado por un órgano incompetente y el juez considera que esa orden de clausura de la playa entra dentro de la competencia municipal. Recuerda que primero lo firmó la citada edil y luego mediante un decreto de Alcaldía se resolvió un recurso de reposición.

También dijo que el arquitecto municipal, que elaboró los informes, debió de abstenerse porque su mujer es integrante de un partido político, algo que es perfectamente regular. Otras de las cuestiones expuestas es que no se dio trámite de audiencia a los interesados, mientras que el juez respalda que la situación de urgencia facultaba esa decisión, recordando además que podía recurrir en vía administrativa o judicial, como así hizo. La recurrente también dijo que era una medida desproporcionada y el magistrado le recuerda que el acceso a las viviendas quedó libre y que en el tramo afectado había sacas rellenas de hormigón semienterradas, restos de materiales de obra o hierros que presentaban peligro para los peatones.