El Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN) de San Fulgencio ha constatado que la ejecución de una nave de 470 metros de una empresa de conservas vegetales del municipio se ha realizado sin licencia de obras. El grupo municipal asegura que el alcalde y concejal de Urbanismo, Carlos Ramírez (PP), era consciente de esta situación y que incluso ha actuado como intermediario para negociar supuestamente la compraventa de terrenos anexos para que la mercantil interesada pudiera realizar la construcción. El regidor rechazó ayer esas acusaciones y dijo las concejalas de ese partido son unas «falsas y mentirosas».
Según el PIPN, la obra se terminó de realizar enero y fue hace pocas semanas cuando registraron un escrito en el Ayuntamiento pidiendo acceso a toda la documentación relativa a este proyecto, como copias de las licencias de obras, informes técnicos o actas de las juntas de gobierno en las cuales se hubiera aprobado esas obras. La sorpresa ha llegado cuando han recibido un decreto que da inicio a un procedimiento de legalidad urbanística. Se indica que los servicios técnicos municipales han verificado que el inmueble se ha levantado sin la correspondiente licencia de edificación. Por ello, desde el Ayuntamiento se ha dado un plazo de dos meses al promotor de las obras para que solicite la oportuna licencia. Se advierte que, transcurrido dicho plazo, si no se ha presentado, se deberá acordar la demolición del inmueble e impedir todos los usos a los que diera lugar.
Ese hecho ha sorprendido a la oposición del PIPN porque aseguran que el regidor ha sido consciente en todo momento de la ejecución del proyecto. Un proyecto que creen que para llevarse a efecto sólo se puede realizar mediante una Declaración de Interés Comunitario (DIC) que sólo puede facilitar la Generalitat, mientras que mantienen que ese expediente o no se ha iniciado o no se ha concluido, siempre según la versión de la mencionada agrupación política.
Canal de riego
Desde el PIPN han indicado que la empresa «ocupa ahora el doble de espacio que antes de las obras, que está ubicada en una zona inundable y que además de la ampliación del edificio se han hecho grandes zonas de aparcamiento sin respetar la distancia que marca la normativa urbanística de la Comunidad Valenciana en cuanto a lindes con canales de riego, pues a su lado discurre un azarbe».
La oposición asegura que para poder ejecutar esas obras, la empresa debía de disponer de un mínimo de 25.000 metros cuadrados y, como no los tenía, negoció con dueños de terrenos anexos. A ese respecto, aseguran que ha sido el regidor el que ha actuado como intermediario, llegando a decir a los propietarios que, si no vendían, al final se realizará un proceso expropiatorio, siempre según el PIPN.
«¿Cómo es posible que los propietarios no conozcan al dueño de la empresa y sea el alcalde el que está negociando esto?», se preguntan desde el citado partido, representado en la corporación por las ediles Samanta Hull y Rosario Mejías.
Autorizaciones
«Si el alcalde lo que pretende es hacer un DIC el procedimiento es totalmente al contrario. Primero se solicitan las autorizaciones y permisos pertinentes y después, si la Consellería da el visto bueno, se comienzan las obras, siempre y cuando se tengan los metros que marca la Ley. Pero ¿ cómo teniendo un polígono industrial quiere hacer en una zona inundable una zona industrial?», se pregunta la oposición.
El PIPN concluye que la obligación del alcalde y responsable de Urbanismo «es velar porque todo sea legal y transparente, porque el Ayuntamiento no es una inmobiliaria ni el regidor se puede dedicar en el despacho de la Alcaldía a hacer ofertas económicas ajenas al Consistorio de temas que son privados y ajenos a temas municipales. Por todo esto nos vemos en la obligación una vez más de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción», advirtieron ayer desde la agrupación municipal.
