El exconcejal de Pilar de la Horadada Francisco Javier Lara, del Partido Popular (PP), ha sido condenado a dos años de prisión y cinco de inhabilitación por exigir un coche de hasta 30.000 euros al empresario que prestaba el servicio de socorrismo y ambulancias en el municipio, «con el propósito de lucrarse ilícitamente dentro de las funciones propias de su cargo público y abusando de su poder». La sentencia ha sido dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante después de que un jurado popular emitiera un veredicto de culpabilidad.

El exedil fue juzgado por un delito de continuado de cohecho y otro continuado de coacciones por los que el fiscal Pablo Romero solicitó en principio una pena de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación, aunque finalmente se rebajó a 4 y 10 años, respectivamente. No obstante el jurado, compuesto por nueve personas, descartó la existencia del delito de coacciones y la continuidad delictiva, por lo que sólo ha sido condenado por cohecho, según recoge la resolución. A la pena impuesta se le suma una multa de 12 meses a raíz de 10 euros diarios (3.600 euros) y se considera que el exedil puede afrontarla porque, tal y como dijo, realiza trabajos de fontanería en Manchester, donde vive ahora. Sin embargo, se ha rechazado que indemnice al empresario.

Los hechos ocurrieron en 2012. Según ha quedado probado, el entonces concejal de Servicios Públicos, Sanidad y Fiestas de Pilar de la Horadada, encontrándose en su despacho profesional, mantuvo una entrevista con el empresario Raúl Daniel Tárraga en calidad de adjudicatario del servicio de ambulancia municipal.

El jurado considera que el edil «abusando de su poder» solicitó al empresario «la entrega de un vehículo». La sentencia recoge que en el transcurso de esa conversación «el encausado dirigió al empresario frases como '¿Y de lo mío, qué?', ofreciéndole su coche, de escaso valor, y 4.000 o 5.000 euros, a cambio de que éste último le diera un vehículo por importe de 20.000 o 30.000 euros, a lo que Tárraga se negó».

Pidió perdón

La principal prueba que ha tenido el jurado para decantarse por la culpabilidad de Lara es una secuencia de vídeo que recoge exactamente lo que sucedió en esa reunión entre el empresario y el político. Dicho encuentro fue grabado por Tárraga mediante un reloj que disponía de una cámara oculta. Poco después el empresario hizo llegar ese vídeo a un concejal y acabó siendo visto por los miembros de la junta de gobierno local en presencia del encausado. Ocurrió la noche del día 31 de julio de 2012 y, tras finalizar la reproducción del vídeo, «el acusado se derrumbó, admitió haberse equivocado y pidió perdón a los presentes», tal y como se recoge en la relación de hechos probados de la citada sentencia. Tres días más tarde el edil del PP dimitió. También pidió la baja en su partido.

El alcalde de Pilar de la Horadada en ese entonces, José Fidel Ros, también del PP, presentó un escrito en el juzgado informando de los hechos acaecidos. Poco después el empresario presentó una denuncia por todo lo ocurrido y se abrió la causa.

Sin embargo, a juicio de los miembros del jurado, «no ha quedado debidamente demostrado que el acusado, en su condición de concejal, sometiera de forma reiterada y bajo situación permanente de presión y coerción al empresario mediante distintas maniobras, como la licitación de concurso para adjudicación del servicio de ambulancia, renovación de contrato o retrasando injustificadamente la firma de las facturas presentadas por el denunciante, para su posterior pago, con la finalidad de éste le regalara un coche».

Entrega gratuita

Durante el juicio «aparte de la propia declaración del acusado, fueron practicadas pruebas testificales, pericial y prueba documental, que incluyó el visionado de la grabación realizada por el testigo principal que además ejercía la acusación particular... grabación que a entender del jurado corroboraba la solicitud de la entrega gratuita o parcialmente gratuita de un coche, realizada por el acusado declarado culpable», según se recoge en el fallo emitido por la magistrada Gracia Serrano Ruiz de Alarcón, presidenta del Tribunal del Jurado.

Durante la sesión el acusado reconoció haber mantenido conversaciones con el empresario referentes al tema de un vehículo, «pero expuso que su intención no era otra que adquirir un vehículo de segunda mano de un concesionario propiedad de unos familiares del denunciante, por ofrecimiento de éste, pero que su valor nuevo estuviera entre los 20.000 o 30.000 euros. Tesis exculpatoria que no es creíble para el tribunal al no existir prueba que lo acredite», recoge el mismo fallo.