La responsabilidad social de las empresas que opten a un contrato en el Ayuntamiento se exigirá en los pliegos de adjudicación, y además se baremará y puntuará en la valoración final. Así lo anunció ayer el concejal de Contratación, José Hurtado (Los Verdes), que hizo alusión con esta medida, «a un cambio de paradigma», que subrayó no es una «pose» del gobierno local . ¿Qué implica incluir estas cláusulas de responsabilidad en los procedimientos de contratación? Esta decisión, comunicada a través de una circular a los departamentos implicados, implicará que los pliegos se incluyan aspectos sociales, ambientales y éticos entre los criterios de contratación: por ejemplo, y entre otras muchas iniciativas, contratar a un mayor número de personas en riesgo de exclusión social, adquirir suministros de comercio justo o usar de vehículos con eficiencia energética.

Una medida, que según el concejal abunda en la «búsqueda del interés general y en la promoción de políticas públicas tales como el acceso al empleo, el comercio ético, la igualdad entre mujeres y hombres o la no discriminación salarial, entre otras».

Hurtado explicó que «no es que sólo se puedan introducir cláusulas sociales en determinados supuestos, sino que cuando contrato debo introducir cláusulas sociales y tendré que articular cómo lo hago, siempre con el respeto a la legalidad vigente». En esta línea ha abogó por una contratación pública «socialmente responsable que tiene en cuenta oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento con los derechos sociales y laborales, inclusión social, igualdad de oportunidades, diseño de accesibilidad, criterios de sostenibilidad, incluidas las cuestiones de comercio ético y un cumplimiento voluntario más amplio de la responsabilidad social empresarial». El edil se ha referido a que «a veces la gente» puede llegar a tener la sensación de que este tipo de cosas «es simplemente una pose pero si se hace, y se hace bien, tiene un importancia sustancial». Las principales cláusulas a impulsar son las sociales con inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social, elevación de la calidad del empleo; cláusulas ambientales (selección de productos de bajo consumo, eficiencia energética, reducción de emisiones, reciclado) y éticas (lucha contra la corrupción, o comercio justo).