El alcalde de Dolores, Joaquín Hernández (PSOE), tendrá que pagar una sanción de 28.286,61 euros por las obras ejecutadas en un chalé que construyó de forma ilegal al estar ubicado en terreno rústico, en plena huerta de la Vega Baja. El regidor ha perdido el recurso interpuesto para evitar la multa y el juzgado de lo Contencioso Número 1 de Elche le obliga ahora a abonar esa cantidad al Ayuntamiento.

La batalla judicial la inició el propio Joaquín Hernández. En concreto, el socialista interpuso el recurso judicial debido a que el Ayuntamiento, gobernado en 2014 por el PP de Gabriel Gascón, le impuso una sanción de 99.698 euros por continuar las obras iniciadas en su vivienda irregular. El importe se calculó en función de los nuevos elementos construidos. Pero Hernández no estaba de acuerdo porque consideró que se habían incluido elementos que, en realidad, no eran nuevos, sino que ya existían y por los que en su día pagó otra multa. Pues bien, la resolución final del Ayuntamiento redujo la sanción hasta los 28.286,61 euros, aunque el regidor no estaba dispuesta a pagarla y recurrió.

La jueza Carmen Casado ha considerado ahora que la administración local, al resolver el recurso inicial del alcalde «tomó en consideración las alegaciones» del demandante, «a las que dio cumplida respuesta y fundamentó su resolución en los informes del arquitecto de la agenda comarcal de la Vega Baja, cuya presunción de veracidad y certeza no han sido desvirtuados por la parte recurrente. Y, por otra parte, porque la demandada no aumentó la sanción en perjuicio del recurrente, sino que por el contrario, redujo el importe en la resolución de 30 de marzo de 2015, desde 99.698,08 euros a la suma de 28.286,61 euros, por considerar en la evaluación de la misma tan solo las obras que no habían sido objeto de sanción anterior y que fueron ejecutadas con posterioridad al expediente sancionador, iniciado en 2003».

La magistrada ha condenado igualmente al regidor de Dolores a pagar las costas del proceso judicial, que ascienden a 400 euros.

Una década en trámite

En declaraciones a este diario, Hernández dijo que «acata la sentencia pero no la comparte». Y no la comparte porque, tal y como recordó, el juzgado de lo contencioso administrativo Número 1 de Elche sentenció el mes pasado que la orden de demolición del chalé ilegal ha caducado y, por tanto, no se tendrá que derribar. Todo ello porque el Ayuntamiento, con Gabriel Gascón como alcalde, tardó más de 10 años en tramitar el expediente, pues comenzó en 2003 y no se finalizó hasta 2014.

Esa sentencia, que beneficiaba al regidor, podría haber sido recurrida por el Ayuntamiento, que en definitiva era la administración que inició el procedimiento contra el ahora alcalde. Sin embargo no se ha hecho. La concejala de Urbanismo, Raquel Rocamora (PSOE), dijo que los técnicos y el secretario han estimado que «no merecía la pena». La edil aseguró que «llevamos ya varias sentencias a lo largo del año sobre casos de restauración de la legalidad en los que se pedía el derribo. Todos han sido sentencias en nuestra contra (en relación al Ayuntamiento. La mayoría ( de expedientes) se iniciaron en 2003, se paralizaron totalmente, y se reactivaron los procedimientos en 2013 y 2014. Hay tres previos a la sentencia de la que hablamos y no se han recurrido en apelación», zanjó la socialista.

La concejala rechazó así que no se haya recurrido la sentencia para tratar de beneficiar al regidor, sino que se está siguiendo el mismo procedimiento para todos los casos.