Los exalcaldes del PSOE de Bigastro, Joaquín Moya y su sucesor Raúl Valerio Medina, se enfrentan a una pena de seis años y seis meses de prisión y 32 de años de inhabilitación. Los dos están acusados de liderar una presunta trama corrupta urdida desde el propio Ayuntamiento. Durante ocho años se pagó la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario a 47 vecinos que, en realidad, no trabajaban. Las cotizaciones les permitieron cobrar todo tipo de subsidios y acceder a pensiones que ahora han sido bloqueadas. Es el caso de los falsos jornaleros, un supuesto fraude que benefició a allegados de los socialistas y que INFORMACIÓN ha venido desvelando en exclusiva. La investigación ha llegado a su fin y el juzgado de Instrucción Número 1 de Orihuela ha decretado la apertura de juicio oral, que se celebrará en la Audiencia Provincial.
Son tres los delitos de los que se acusa a los dos exregidores: prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude. Juntos a ellos será juzgado el que fuera secretario-interventor del Consistorio bigastrense, Antonio Saseta, quien habría participado, según la acusación, de forma activa en esta red presuntamente delictiva que operó entre los años 2003 y 2011. A todos ellos se les pide la misma pena. También que dispongan una fianza en concepto de responsabilidad civil de 50.881 euros.
En la causa está personada como acusación la propia Tesorería General de la Seguridad Social, que ha enviado a la jueza que instruye la causa su escrito de acusación. Estima que los dos políticos y el técnico «siendo conscientes de la flagrante ilegalidad que perpetraban, cada uno en el ámbito de sus competencias y con el fin de favorecer» a los falsos jornaleros, «procedieron a cursar las órdenes pertinentes a fin de que el Consistorio bigastrense acordara el alta, la afiliación, así como el pago de las cotizaciones de dichas personas». Prosigue que «de forma mendaz y torticera esos emolumentos fueron distraídos del erario público para atender a finalidades ilegítimas y ajenas al interés que debería salvaguardarse desde el Ayuntamiento».
La acusación apunta a que fue Joaquín Moya quien estableció el sistema irregular ya que en 2003 era el máximo responsable de la dirección de la acción política y administrativa del Ayuntamiento. Las comunicaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social para el alta y baja de los simulados trabajadores del Ayuntamiento las realizaba la asesoría que trabajaba para el Consistorio «a merced de las indicaciones que le daba Moya».
Con respecto a Raúl Valerio Medina, quien llegó a la Alcaldía para suceder a Moya por su detención y posterior dimisión en 2008, acusado por delitos urbanísticos, la acusación considera que «gracias a su torticero comportamiento el sistema siguió funcionando a merced de su conducta activa, perpetuando el pago de cotizaciones por ficticias relaciones laborales». De hecho, se indica que durante el tiempo que presidió el Ayuntamiento se dio de alta a nuevas jornaleras que no habían cotizado con anterioridad.
Todo ello se produjo con el aval del que era el secretario, quien «no opuso ningún tipo de reparo a esa forma de actuar, incumpliendo su obligación de velar por el cumplimiento de la legislación». Del mismo modo indica que éste «nunca fiscalizó el gasto del Consistorio a fin de evitar que las defraudaciones se produjeran y consintió el uso indebido de los fondos públicos, de cuya custodia era garante». Todo ello a pesar de que «disponía de todos los medios para evitar que los hechos se produjeran».
