22 de febrero de 2017
22.02.2017
Orihuela

El interventor se va a Torre Pacheco tras llevar al PP ante la Inspección de Trabajo por acoso

Urruticoechea se encuentra de baja médica desde el verano y tiene previsto incorporarse en marzo a la localidad murciana

21.02.2017 | 23:53

El funcionario tiene pendiente de resolver asuntos judiciales, como una demanda contra Almagro por dar sobresueldo a su sustituto.

El interventor municipal, Fernando Urruticoechea, abandonará el Ayuntamiento de Orihuela a finales de marzo tras obtener una plaza en el Consistorio de la localidad murciana de Torre-Pacheco. El funcionario se presentó al concurso anual para obtener el cambio de plaza en noviembre y el lunes se publicó la resolución por la que se hace efectivo ese traslado, aún de manera provisional.

Urruticoechea manifestó ayer a este diario que el motivo de dicho traslado es el «acoso» al que ha estado sometido durante su gestión desde principios de la legislatura por parte del equipo de gobierno del PP y que hasta el momento de su baja gobernaba en solitario. «Me fuerzan a irme tras la increíble persecución a la que he sido sometido, el ninguneo con mi sueldo (inferior al del secretario pese a que debería estar al mismo nivel), la imposibilidad de realizar bien mi trabajo... No podía más»,añadió.

La plaza que deja el interventor está ocupada de forma provisional por Juan Ramón Mancheño. La convocatoria para cubrirla no podrá resolverse hasta abril de 2018. En el concurso de plazas que se convocará a finales de año saldrá la vacante oriolana, que, si es solicitada por algún otro interventor, se resolvería durante el primer trimestre del año próximo, aunque hasta la llegada de Urruticoechea lleva más de 20 años vacante.

Demanda

El técnico dejará el Ayuntamiento pero no se desvinculará del todo de la ciudad pues le quedan asuntos pendientes, como los judiciales. De hecho, el interventor interpuso hace unas semanas una demanda contra el edil de Recursos Humanos y Hacienda, Rafael Almagro, quien pagó a su sustituto un plus de 4.400 euros por productividad, algo con lo que no está de acuerdo. Además, ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo su caso, y está por ver si toma cartas en el asunto y en qué sentido. Los desencuentros entre el funcionario y el equipo de gobierno no acaban ahí, pues el interventor ya ganó una sentencia tras ver cómo el alcalde le retiraba sus vacaciones de Navidad por decreto, algo que un juez rechazó, aunque la resolución llegara tarde.

Sin embargo, los desencuentros han ido más allá de lo público, pues el interventor ha denunciado en múltiples ocasiones esta situación, que ha sido recibida por críticas por parte del equipo de gobierno, que le acusó de bloquear con su trabajo la gestión económica de la ciudad, e incluso el alcalde apuntó a que se estaba estudiando abrirle un expediente por sus declaraciones.

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