La Generalitat no contempla asumir las alegaciones de partidos políticos -entre ellos el PSOE y Cambiemos- y distintos colectivos de Orihuela y la Vega Baja para incluir Cala La Mosca en el plan de protección del litoral (Pativel) que está tramitando en estos momentos. El director general de Urbanismo, Josep Lluís Ferrando, apuntó este extremo oficiosamente en una reunión en Santa Pola para analizar las alegaciones presentadas por los distintos ayuntamientos de la provincia al Pativel, que por ejemplo, en Torrevieja, sí tiene previsto blindar amplios tramos de la única costa libre de edificaciones que le restan, pero calificados todavía como no urbanizables. La diferencia está en que Cala La Mosca es suelo urbano.
Cala La Mosca, al norte del litoral oriolano, es el principal del tramo término municipal que se ha salvado de la construcción de urbanizaciones turísticas en primer línea. Sin embargo, y pese a conservar su aspecto natural, su suelo, fue calificado en 1990 como urbanizable --D-1Alameda del Mar UE2, es su denominación en el PGOU-. Y desde 2007 la empresa propietaria -460.000 metros cuadrados, que dan para 1.500 viviendas- comenzó a quemar etapas del proceso urbanístico. De hecho, tras recibir el visto bueno definitivo al plan de reparcelación, en 2008, bajo mandato de la alcaldesa Mónica Lorente, comenzó a urbanizar. Aunque no se ha fijado una valoración de lo realizado, la promotora, Gomendio, estima que la urbanización, sin viviendas, está ejecutada en un 30% con viales, centros de transformación y colectores de saneamiento y suministro de agua. La firma no continuó, y no se ubicó alumbrado y otras infraestructuras. A la crisis se sumó la iniciativa desde 2011 del gobierno de izquierdas de Monserrate Guillén de someter el plan a una evaluación de impacto ambiental, de la que carecía al no ser obligatorio cuando se proyectó, tras la reclamación tanto del Ayuntamiento,los colectivos proteccionistas y el Partido de la Costa ante la Unión Europea para que se llevara a cabo. La evaluación, afecciones a la Red Natura e informe de integración paisajística se sometió a exposición pública en 2014 y, otra vez, en diciembre de 2016 -el plazo acabó este 27 de enero-. El impacto ambiental puede ser desfavorable pero nunca podría anular el plan. Puede ordenar rebajar número de viviendas y medidas correctoras pero no impedir el residencial. Y eso es lo que tiene claro el Consell que en el Pativel sólo contempla la protección de suelos que todavía no son urbanizables. Al sur del plan el Consell declaró en 2014 una microreserva de flora de casi 30.000 metros cuadrados que no podrá urbanizarse, en especial para preservar a la jarilla cabeza de gato, una especie protegida y vulnerable.
