El alcalde de Rojales, el socialista Antonio Pérez, explicó ayer que los técnicos municipales están haciendo un estudio económico para valorar la posibilidad de licitar de forma conjunta el servicio de recogida de basuras y la limpieza viaria del caso urbano. El alcalde dijo que es consciente de que la contrata de las basuras quedará extinta el 17 de abril, y asegura que ya está en marcha toda la maquinaria administrativa para sacarla a concurso en cuanto se pueda.
Las declaraciones del alcalde llegan después de las críticas de la oposición del Pader, cuyo portavoz, Desiderio Aráez, urgió al equipo de gobierno licitar la contratación antes de que se agoten los plazos. A este respecto, Antonio Pérez señaló que el servicio de limpieza viaria de las urbanizaciones seguirá hasta 2019 en manos de la mercantil Ginssa Gestión Industrial de Servicios SA. El primer edil apuntó que aunque el servicio se acabaría en julio, todavía cabe la posibilidad de aprobar una nueva prórroga de dos años, por lo que no se sacará ahora a licitación. El coste está estimado en algo más de 231.000 euros anuales.
Más ventajoso
«Lo que estamos valorando es si aunar en un mismo contrato la recogida de residuos y la limpieza del casco urbano, hay que ver qué es lo que resulta más ventajoso», indicó el alcalde. El mismo recordó que la limpieza del centro del municipio se presta ahora de forma directa por el Ayuntamiento, con operarios municipales. De igual forma matizó que del servicio de basura sólo se sacará a licitación la recogida y transporte, puesto que el coste de la eliminación pasará a estar gestionado directamente por el Consorcio de Residuos de la Vega Baja.
Antonio Pérez admitió que el Ayuntamiento mantiene en estos momentos una batalla judicial con la concesionaria de las basuras, la mercantil Sirem, del empresario Ángel Fenoll. Tras el cierre de la planta de Proambiente (Orihuela-Abanilla) y con la posterior clausura de Abornasa (Crevillent), Sirem se ha visto obligada a llevar los desechos primero a Villena y ahora a Jijona, con el sobrecoste que suponen los desplazamientos. Pues bien, la empresa quiere que ese dinero extra lo pague el Ayuntamiento y el Ayuntamiento considera que lo debe de asumir la empresa. Es por ello que será un juez el que finalmente lo decida.
Al margen de ese asunto, Antonio Pérez defendió que la empresa Sirem sí está cumpliendo con las condiciones del contrato. En su opinión el servicio que se presta está siendo «bueno» y los contenedores se limpian con la periodicidad acordada, aunque el Pader discrepa de ese asunto. Pérez también dijo que la administración local y la mercantil pactaron que no hubiera una oficina de información ciudadana abierta en la localidad a cambio de que el trabajador destinado a esa tarea se ocupe del ecoparque, tal y como se hace.
